1994 - Rawson

Sancionada el 11 de octubre de 1994

con el régimen federal de la Constitución Nacional, que es su ley suprema, su estructura como

Estado Social de Derecho y organiza democráticamente su gobierno bajo la forma republicana y

representativa. Tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que no hayan sido

delegados al Gobierno Nacional.

Poder Ejecutivo, la Legislatura y el Superior Tribunal de Justicia, salvo que por causas

extraordinarias la ley, transitoriamente, pudiere disponer otra cosa.

con arreglo a lo que la Constitución Nacional y las leyes establecen, sin perjuicio de las cesiones

o tratados interprovinciales que puedan hacerse autorizados por la Legislatura, previa consulta

popular.

El territorio de la Provincia queda dividido en dieciséis departamentos denominados: Atlántico,

Biedma, Cushamen, Escalante, Florentino Ameghino, Futaleufú, Gaiman, Gastre, Languiñeo,

Mártires, Paso de Indios, Rawson, Río Senguer, Sarmiento, Tehuelches y Telsen. La Legislatura

puede crear otros departamentos o modificar los existentes con el voto de los dos tercios del total

de sus miembros.

orientación para establecer el alcance, significado y finalidad de las cláusulas de la presente

Constitución.

de la autoridad, pero solamente delibera y gobierna por medio de sus legítimos representantes,

sin perjuicio de los mecanismos de democracia semidirecta previstos en esta Constitución. Por lo

tanto, su voluntad libremente expresada tiene absoluta prevalencia, pudiendo reformar parcial o

totalmente esta Constitución con miras al bien común y en la forma en que ella lo prescribe.

privilegios por razón de sexo, raza, religión, ideología o grupo social. Asegura, asimismo, la

libertad de trabajo, industria y comercio.

No se dictarán leyes o reglamentos que disminuyan la condición del extranjero, ni que lo

obliguen a mayor contribución fiscal que la impuesta a los nacionales.

El Estado garantiza el respeto a las características emergentes de dichas diferencias y establece

condiciones acordes con las mismas tendientes a la realización personal de todos sus habitantes.

la libertad de cambiar de religión o de creencia así como la de manifestarlas individual o

colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto o la

observancia, sin más limitaciones que las impuestas por la moral y el orden público. Nadie puede

ser obligado a declarar su religión o su ideología.

las leyes que reglamentan su ejercicio.

El derecho es el fundamento del Estado y éste se autolimita frente a los derechos naturales del

individuo y de las sociedades no estaduales, anteriores al Estado mismo y que corresponden al

hombre por su propia condición humana.

derechos reconocidos por esta Constitución otras restricciones que las que la misma permite o

prive de las garantías que ella asegura, son nulos y no pueden ser aplicados por los jueces.

caso, prestan juramento de cumplir esta Constitución debiendo poner el máximo empeño en el

correcto ejercicio de sus deberes. Lo prestan por la Patria, sus creencias o sus principios.

esta Constitución ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las acordadas por ella, salvo en los

casos explícitamente previstos en su texto y es insanablemente nulo lo que cualquiera de ellos

obra en consecuencia. Tampoco pueden renunciar a las que expresamente no han sido delegadas

al Gobierno Federal en la Constitución Nacional.

descentralizados y empresas del Estado son públicos. La ley determina la forma de su

publicación y del acceso de los particulares a su conocimiento, así como los efectos de su

incumplimiento. Incurre en falta grave el funcionario o magistrado que entorpece la publicidad

de tales actos.

1. Ejercer los poderes no delegados al Gobierno Federal y en los establecimiento de utilidad

nacional los que no resulten incompatibles con el cumplimiento de los fines específicos de éstos.

2. Concertar regímenes de coparticipación federal o regional de tributos.

3. Propiciar acuerdos de concertación federal con el Estado Nacional, provincias y municipios.

4. Gestionar la desconcentración y descentralización de la Administración Pública Nacional.

5. Concertar acuerdos en el ámbito internacional.

6. Gestionar la participación en todo órgano de la Administración Central o Descentralizada

Nacional que ejerza poderes concurrentes o administre regímenes concertados y en las empresas

interjurisdiccionales o del Estado Nacional, cualquiera sea su forma jurídica, que exploten

recursos en su territorio.

interjurisdiccionales mediante la celebración de convenios y tratados que contemplen incluso la

constitución de acuerdos regionales con la finalidad de atender intereses comunes.

La delegación de atribuciones legislativas o jurisdiccionales en organismos supra provinciales

requiere la aprobación de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura, sujeta tal

aprobación a referéndum popular posterior como condición de vigencia.

acuerdo con la Constitución y las leyes locales. Los nombramientos que efectúa son transitorios y

en comisión.

esta Constitución, ni la de la Nación, ni la vigencia efectiva de las garantías y derechos

establecidos en ambas.

Esta Constitución no pierde vigencia aun cuando por acto violento o de cualquier naturaleza se

interrumpa su observancia.

En caso de ruptura del orden constitucional, cualquiera que ejerce funciones previstas por esta

Constitución para las autoridades legítimas, es considerado usurpador y queda inhabilitado a

perpetuidad para ocupar cargo o empleo público alguno, en la Provincia o sus municipios. Sus

actos son insanablemente nulos. A los fines previsionales, no se computa el tiempo de sus

servicios ni los aportes que, por tales conceptos, realice.

Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a requisición de fuerza armada

o reunión sediciosa que se atribuyan los derechos del pueblo, es nula de nulidad absoluta.

Es deber de todo ciudadano contribuir al restablecimiento del orden constitucional y sus

autoridades legítimas.

Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones en violación de

los procedimientos que la Constitución y las leyes establecen. Tampoco rige en tal caso el

principio de obediencia debida a los superiores ni a quienes se atribuyen el mando.

A todos los efectos penales y procesales, se consideran vigentes, hasta la finalización del período

para el que fueron elegidos, los fueros, inmunidades y privilegios de los funcionarios electos por

el pueblo de acuerdo con las disposiciones constitucionales. En consecuencia son nulas de

nulidad absoluta todas las condenas penales, civiles, administrativas y accesorias que se dicten en

contravención a esta norma.

Se considera que atenta contra el sistema democrático todo funcionario público que comete

delito doloso en perjuicio del Estado, quedando inhabilitado a perpetuidad para desempeñarse en

el mismo, sin perjuicio de las penas que la ley establece.

por la Constitución Nacional y la presente, con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio.

En especial, gozan de los siguientes derechos:

1. A la vida desde su concepción y a la dignidad e integridad psicofísica y moral, las que son

inviolables. Su respeto y protección es deber de los Poderes públicos y la comunidad.

2. A la protección de la salud.

3. Al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

4. A la libertad, a la seguridad personal y a la igualdad de oportunidades.

5. A enseñar y aprender, a la libertad intelectual, a investigar, a la creación artística y científica y

a participar de los beneficios de la cultura, derechos que no pueden coartarse con medidas

limitativas de ninguna especie.

6. A elegir y ejercer su profesión, oficio o empleo.

7. A asociarse y reunirse sin permiso previo, con fines útiles y pacíficos.

8. A peticionar individual o colectivamente ante las autoridades y a obtener respuesta adecuada y

por escrito en la forma que determina la ley. La publicación de las peticiones no da lugar a

represión alguna.

9. A acceder a la jurisdicción y a la defensa de sus derechos.

10. A comunicarse, expresarse e informarse.

11. A entrar, permanecer, transitar y salir de la Provincia llevando consigo sus bienes.

en esta Constitución, no se entienden como negación de otros derechos y garantías no

enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de

gobierno y que corresponden al hombre en su calidad de tal, como individuo y como integrante

de las formaciones sociales en donde desarrolla su personalidad y busca el cumplimiento de sus

deberes ineludibles de solidaridad política, económica y social.

sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de bien común. La expropiación por

causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.

Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el

término que le acuerda la ley.

Constitución se consideran operativos salvo cuando resulte imprescindible reglamentación legal

a los efectos de su aplicación, la que en todos los casos debe respetar sus contenidos esenciales,

debiendo los jueces arbitrar en cada caso los medios para hacerlos efectivos mediante

procedimientos de trámite sumario.

Los derechos sociales y principios de políticas del Estado reconocidos y establecidos por esta

Constitución informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los Poderes

públicos. Sólo pueden ser alegados ante la jurisdicción conforme las leyes que reglamenten su

ejercicio y teniendo en cuenta prioridades del Estado y sus disponibilidades económicas.

Constitución Nacional y la presente reconocen, se interpretan de conformidad con la Declaración

Universal de Derechos Humanos, los tratados y los acuerdos internacionales sobre la misma

materia ratificados por la Nación Argentina.

Es responsable el funcionario o magistrado que ordene, consienta o instigue la violación de los

derechos humanos u omita tomar las medidas y recaudos tendientes a su preservación.

La obediencia a órdenes superiores no excusa esta responsabilidad.

los siguientes derechos:

1. A igual trabajo igual salario. No pueden fijarse diferente salario para un mismo trabajo por

motivos de edad, sexo, nacionalidad o estado civil.

2. A la estabilidad en el empleo y a la indemnización por despido.

3. A la limitación de la jornada, el descanso semanal obligatorio, las vacaciones anuales pagas y

el sueldo anual complementario.

4. A una retribución justa, un salario mínimo vital y móvil y retribución complementaria por

cargas de familia.

5. A la higiene y seguridad en el trabajo y a la asistencia médica. A la mujer grávida se le acuerda

licencia remunerada en el período anterior y posterior al parto y se concede a la madre durante las

horas de trabajo el tiempo necesario para lactar.

6. A su capacitación.

7. A normas que eviten condiciones inhumanas de trabajo.

8. A asociarse libre y democráticamente en defensa de sus intereses económicos, sociales y

profesionales en gremios o sindicatos que puedan federarse o confederarse del mismo modo.

Nadie puede atribuirse la representación gremial de trabajadores si no se ha cumplido con los

requisitos que la ley establece para reconocer el funcionamiento de las asociaciones

profesionales. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo,

recurrir a conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga.

Ninguna medida de fuerza resuelta por una asociación gremial puede afectar la efectiva

prestación de los servicios públicos mínimos esenciales bajo pena de su declaración de

ilegalidad.

9. Al escalafón en la carrera administrativa.

La ley reglamenta y limita el trabajo nocturno, el insalubre, el de las mujeres y el de menores de

dieciocho años.

su protección social, económica y jurídica como núcleo primario y fundamental de la sociedad.

El bien de familia y los elementos necesarios para el trabajo intelectual o manual son

inembargables. La ley determina en qué casos la propiedad rural se considera bien de familia.

Se dictan normas para prevenir las distintas formas de violencia familiar.

de raza, nacionalidad o religión en lo cultural, laboral, económico, político, social y familiar,

respetando sus respectivas características sociobiológicas. La madre goza de adecuada protección

desde su embarazo. Las condiciones laborales deben garantizar el cumplimiento de su esencial

función familiar.

forma subsidiaria, promueve e instrumenta políticas tendientes al pleno goce de sus derechos.

Desarrolla asimismo acciones específicas en los casos de niñez sometida a cualquier forma de

discriminación, ejercicio abusivo de la autoridad familiar, segregación de su familia o de su

medio social inmediato. A los fines de tales políticas y acciones, coordina la participación de

organizaciones no gubernamentales, privilegia el rol de los municipios y asegura los recursos

presupuestarios adecuados.

creativo y propendiendo al logro de su plena formación democrática, cultural y laboral. La acción

del Estado está orientada a asegurar la participación efectiva de la juventud en las actividades

comunitarias y políticas y a desarrollar oportunidades laborales que le permitan el arraigo en su

medio.

anciano evitando su marginación social y cultural, promoviendo el desarrollo de tareas creativas

y de servicio a la sociedad a los fines de su realización personal.

En caso de desamparo debe el Estado proveer a su protección sin perjuicio de la obligación de

subrogarse en el ejercicio de las acciones para demandar los aportes correspondientes a los

familiares obligados.

personas discapacitadas. Dicha protección abarca la prevención, asistencia, rehabilitación,

educación, capacitación, inserción en la vida social y laboral y la promoción de políticas

tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto a sus deberes de solidaridad evitando

toda discriminación.

El Estado, en su caso, debe subrogarse en el ejercicio de las acciones que correspondan contra los

obligados.

En todo el ámbito de la Provincia se establecen normas para el desplazamiento, acceso y

desenvolvimiento de las personas discapacitadas encuentren facilidades que favorezcan su

independencia.

capacidades o talentos de notorio nivel y facilita la educación correspondiente.

deporte de su preferencia. El Estado promueve los deportes cuyas características se vinculen a las

particularidades culturales, ecológicas y geográficas de la región.

consumidores, reconociéndoles el derecho de acceder, en la relación de consumo, a una

información eficaz y veraz y de agruparse en defensa de sus intereses. Para gozar de este derecho

las entidades que así se organicen deben estar reconocidas, ser representativas y observar

procedimientos democráticos internos. Los particulares y las entidades mencionadas tienen

legitimación a los fines de promover amparo u otras acciones destinadas a la prevención y la

reparación de daños.

La ley regula el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así

como la información que debe suministrarse al público en su comercialización, sancionando a

quienes atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y

usuarios, en cuanto sea de competencia provincial.

garantizando el respeto a su identidad. Promueve medidas adecuadas para preservar y facilitar el

desarrollo y la práctica de sus lenguas, asegurando el derecho a una educación bilingüe e

intercultural.

Se reconoce a las comunidades indígenas existentes en la Provincia:

1. La posesión y propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. El Estado

puede regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas

es enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargo.

2. La propiedad intelectual y el producido económico sobre los conocimientos teóricos y

prácticos provenientes de sus tradiciones cuando son utilizados con fines de lucro.

3. Su personería jurídica.

4. Conforme a la ley, su participación en la gestión referida a los recursos naturales que se

encuentran dentro de las tierras que ocupan y a los demás intereses que los afectan.

especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica, físicas y social.

adopta políticas orientadas a la asistencia y protección de sus veteranos de guerra, facilitando les

el acceso a la salud, al trabajo y a una vivienda digna.

el bien común, el orden público o la moral. Sus estructuras internas deben ser democráticas y

pluralistas. Sólo pueden ser intervenidas conforme a la ley y tienen los recursos correspondientes

ante la justicia. Ninguna asociación es disuelta en forma compulsiva sino en virtud de sentencia

judicial.

ejercicio a las entidades que se organicen con el concurso de todos los profesionales de la

actividad en forma democrática y pluralista, conforme a las bases y condiciones que la ley les

confiera asegurando a sus integrantes legitimación en sede administrativa y judicial respecto de

sus decisiones. Tienen a su cargo la defensa y promoción de sus intereses específicos y gozan de

las atribuciones que la ley establece para el desempeño de sus funciones, con arreglo a los

principios de colaboración mutua y subordinación al bien común, sin perjuicio de la jurisdicción

de los Poderes del Estado.

que desempeña con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y la ley. Los extranjeros

pueden votar en los casos que se establecen.

directamente en los casos previstos o por medio de sus representantes libremente elegidos.

Tienen el derecho de elegir y ser electos como representantes del pueblo, con arreglo a las

previsiones constitucionales y legales.

Los extranjeros participan en la forma y modo establecidos en esta Constitución.

Corresponde a los Poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad

de los individuos y de los grupos en que se integran sean efectivas, remover los obstáculos que

impidan o dificulten su plenitud y facilitar su participación en la vida política, económica,

cultural y social.

La ley no puede impedir la actividad política de los empleados públicos fuera del ejercicio de sus

funciones.

ejerza sus atribuciones constitucionales en forma exclusiva. Si es pronunciada por jueces

provinciales el Gobernador la conmuta en todos los casos.

Los representantes de la Provincia y de su pueblo en el Congreso de la Nación se deben oponer a

toda iniciativa que tienda a la implantación de la pena de muerte en la República,

independientemente de cual fuere su causa.

sentencia firme.

procedimiento o proceso de naturaleza civil, penal, laboral, administrativo, fiscal, disciplinario,

contravencional o de cualquier otro carácter.

Nadie puede ser privado de un derecho sino por una sentencia fundada, dictada por juez

competente con resguardo de las reglas del debido proceso, ni penado sino en virtud de un

proceso regularmente tramitado con arreglo a las garantías consagradas en la Constitución

Nacional y a las previsiones de la presente; ni juzgado por otros jueces que los instituidos por la

ley antes del hecho de la causa y designados de acuerdo con esta Constitución; ni perseguido

penalmente más de una vez por el mismo hecho.

Siempre se aplica la ley procesal penal más favorable al imputado.

Todo proceso debe concluir en un término razonable.

Toda disposición legal que coarte la libertad personal, las facultades procesales en juicio penal o

establezca sanciones procesales, debe ser interpretada restrictivamente. Las leyes penales no

pueden aplicarse por analogía.

En caso de duda debe decidirse por lo que sea más favorable al imputado.

primer acto de la persecución penal. Los jueces son responsables de proveer lo necesario para la

directa efectiva o insustituible intervención del defensor penal designado particular u oficial, en

todos los actos fundamentales del proceso, que son nulos sin su presencia, especialmente la

declaración del imputado.

Cualquier menoscabo a la intervención efectiva del defensor constituye una lesión a la defensa en

juicio.

No se exige al abogado, en ningún caso ni por ninguna autoridad la violación del secreto

profesional; incurren en causal de mal desempeño quienes contravienen esta disposición. Los

defensores no pueden ser molestados ni interceptada su comunicación ni allanados sus

domicilios o locales profesionales, con motivo de su ministerio. Como auxiliares de la justicia

tienen la misma dignidad que los jueces.

Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendiente,

descendiente, hermano y parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo

de afinidad, su tutor o pupilo o persona con quien convive en aparente matrimonio.

casos salvo aquellos en que la publicidad afecte la moral o la seguridad pública. La resolución es

motivada.

Los actos que vulneran las garantías reconocidas por la Constitución Nacional y por la presente

carecen de toda eficacia probatoria. La ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que, con

arreglo a las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin su violación y fueran

consecuencia necesaria de ella.

mismo modo se da aviso al juez competente, poniéndolo a su disposición con los antecedentes

del caso. La incomunicación sólo puede ser ordenada por el juez fundadamente para evitar que el

imputado entorpezca la investigación y no puede exceder de dos días. Aun en tal caso queda

garantizada la comunicación con el defensor inmediatamente antes de la realización de cualquier

acto que requiere la intervención del imputado. Rige al respecto el penúltimo párrafo del artículo

49.

de cualquier otro orden que alteren la personalidad del individuo sujeto o no a cualquier

restricción de su libertad. Nadie puede en ningún caso violar los límites impuestos por el respeto

a la dignidad de la persona humana.

Los funcionarios de cualquier rango que sean autores, partícipes o encubridores de desaparición

forzada de personas, tratos crueles, degradantes o de alguna forma inhumanos y los que los

toleren o consientan, son exonerados del servicio al que pertenecen e inhabilitados de por vida

para acceder a la función pública, sin perjuicio de las penas que les corresponden. La obediencia

debida en ningún caso excusa de esta responsabilidad.

Los jueces son responsables de velar por el cumplimiento de este precepto hasta la extinción de

la pena bajo causal de destitución.

límites de esta Constitución, siempre que no exceda el término máximo que fija la ley.

Salvo el caso de flagrancia, nadie es privado de su libertad sin orden escrita y fundada de juez

competente, siempre que existan elementos de convicción suficientes de participación en un

hecho ilícito y sea absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación de la

ley. En caso de flagrancia, se da aviso inmediato al juez poniéndose a su disposición al

aprehendido, con constancia de sus antecedentes y los del hecho que se le atribuye.

Producida la privación de libertad el afectado es informado en el mismo acto del hecho que lo

motiva y de los derechos que la asisten, como también de que puede dar aviso de su situación a

quien crea conveniente. La autoridad arbitra los medios conducentes a ello.

Ninguna persona puede ser molestada, perseguida, arrestada o expulsada del territorio de la

Provincia por sus ideas religiosas, políticas o gremiales.

exigir y conservar en su poder la orden de detención o prisión. Igual obligación incumbe al

ejecutor del arresto o prisión. Ninguna detención o arresto se hace en cárcel pública destinada a

los penados sino en otro local dispuesto para este objeto, las mujeres y menores son alojados en

establecimientos especiales.

Todos los lugares mencionados en el párrafo anterior son seguros, sanos y limpios y constituyen

centros de recuperación y trabajo, en los que no puede privarse al individuo de la satisfacción de

sus necesidades naturales y culturales, con arreglo a la ley y reglamentaciones que se dictan. No

puede tomarse medida alguna que bajo pretexto de precaución o seguridad conduzca a mortificar

a los presos más allá de lo que su seguridad exige.

sólo puede ser allanado por orden escrita y motivada de juez competente, la que no se suple por

ningún otro medio ni aun por el consentimiento de su dueño u ocupante.

Cuando se trata de moradas particulares el registro no puede realizarse de noche, salvo casos

graves y urgentes y por orden judicial fundada, bajo la responsabilidad del juez que lo autoriza.

comunicaciones de cualquier especie, los sistemas de almacenamiento de datos y los elementos

configurantes de algún secreto profesional amparado por ley, son inviolables.

Su examen, interceptación o intervención sólo puede realizarse por orden judicial fundada bajo

responsabilidad del magistrado que lo dispuso. Nunca puede ser suplida por la conformidad del

afectado.

arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, derechos o garantías reconocidos por la Constitución

Nacional o por la presente y no exista otra vía pronta y eficaz para evitar un grave daño, la

persona afectada puede pedir el amparo a los jueces en la forma sumarísima que determine la ley.

La elección de esta vía no impide el ejercicio de otras acciones legales que pudieran

corresponder. En su caso el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se

funde el acto u omisión lesiva.

juez más inmediato, sin distinción de fueros ni de instancias, para que investigue la causa y el

procedimiento de cualquier restricción o amenaza a su libertad personal. El juez hace comparecer

al recurrente y comprobada en forma sumarísima la violación, hace cesar inmediatamente la

restricción o la amenaza.

Puede también ejercerse esta acción en caso de una agravación ilegítima de la forma y

condiciones en que se cumple la privación de la libertad, sin detrimento de las facultades propias

del juez del proceso.

datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o en

los privados destinados a proveer informes y en caso de error, omisión, falsedad o

discriminación, para exigir la supresión, rectificación confidencialidad o actualización de

aquellos. No puede afectarse el secreto de la fuente de información periodística.

los derechos difusos de cualquier especie reconocidos por esta Constitución, sin perjuicio de la

responsabilidad del Estado.

expresamente determinado, todo aquel en cuyo interés debe ejecutarse el acto o que sufra

perjuicio material, moral o político, por falta del cumplimiento del deber, puede demandar ante el

juez competente su ejecución inmediata y el juez, previa comprobación sumaria de la obligación

legal y del derecho del reclamante, dirige al funcionario o autoridad pública un mandamiento de

ejecución.

las normas, el perjudicado puede requerir del juez competente, por procedimiento sumario, un

mandamiento prohibitivo dirigido al funcionario o autoridad pública.

otro requisito que su demostración.

Especialmente indemniza los daños ocasionados por la indebida privación de la libertad, su

indebido agravamiento o por incumplimiento de los preceptos referidos al tratamiento de

detenidos y presos.

recibir o suministrar informaciones e ideas, constituye un derecho asegurado a todos los

habitantes de la Provincia. Este derecho involucra el de obtener los elementos necesarios a su

ejercicio y la facultad de responder o rectificar las referencias o informaciones erróneas

susceptibles de afectar la reputación personal, respuesta que deberá publicarse dentro del más

breve plazo, gratuitamente, en igual forma y por el mismo medio en que se dieron las aludidas

referencias o informaciones. El derecho de respuesta es acordado por vía judicial sumarísima.

Queda garantizado el secreto profesional periodístico.

restrinjan o limiten la libertad de prensa. No se pueden expropiar órganos periodísticos, papel,

imprentas, maquinarias o materiales dedicados a publicaciones de cualquier índole, salvo los

edificios donde se encuentran instalados y sólo puede tomarse posesión de ellos cuando se

provea para la publicación un local adecuado para continuar operando.

de delitos comunes. Mientras no se dicte la ley correspondiente, se aplican las sanciones

determina das por el Código Penal.

pueden secuestrarse las imprentas ni sus accesorios como instrumentos de delito durante los

procesos. Se admite siempre la prueba de descargo cuando se trata de la conducta oficial de los

funcionarios o empleados públicos y, en general, en caso de calumnia. Resultando ciertos los

hechos denunciados el acusa do queda exento de pena.

difusión por organismos estatales o grupos económicos, que tiendan directa o indirectamente a

coartar la libertad de expresión, de la noticia o del comentario.

1. Cumplir la Constitución Nacional, esta Constitución y las demás normas que se dicten en su

consecuencia.

2. Honrar y defender a la Patria y a la Provincia.

3. Resguardar y proteger el patrimonio cultural y natural de la Nación, la Provincia y los

municipios.

4. Contribuir a los gastos que demande la organización social y política del Estado y de los

municipios.

5. Prestar servicios civiles en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

6. Formarse y educarse en concordancia con su vocación.

7. Evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica.

8. Cuidar su salud y la de sus semejantes, en cuanto les sea posible, como un bien social.

9. No abusar del derecho y actuar solidariamente.

10. Procurar producir por lo menos lo que consumen.

nombramiento en esta Constitución o en leyes especiales son provistos por concursos de

oposición y antecedentes que garantiza la idoneidad para el cargo.

Una misma persona no puede acumular dos o más empleos aunque uno sea provincial y el otro u

otros nacionales o municipales, con excepción de los cargos docentes o de carácter técnico

profesional, cuando la escasez de personal hace necesaria esta última acumulación.

La caducidad es automática en el empleo o función provincial de menor remuneración, quedando

a salvo la facultad de opción del interesado.

Es requisito para el ejercicio de cualquier empleo público la residencia en el territorio de la

Provincia, salvo las excepciones que la ley establece.

de sus funciones o faltas que afectan su actuación pública, está obligado a acusar para vindicarse.

Tal acción deber ser ejercitada dentro de un plazo máximo de treinta días contados desde la toma

de conocimiento de la imputación, constituyendo su omisión falta grave a los efectos pertinentes.

A los fines del ejercicio de la acción goza del beneficio del proceso gratuito.

caso, son solidariamente responsables con el Estado por los daños y perjuicios a que dé‚ lugar el

mal desempeño de sus funciones. En tales supuestos debe accionarse contra el responsable para

que indemnice al Estado los daños que con su actuación le haya irrogado. El Estado y los

municipios están obligados a hacer citar al juicio en que son demandados a los funcionarios o exfuncionarios

que se encuentren en las condiciones precedentes y a ejercitar la pertinente acción

de repetición.

Administración Pública Provincial.

sin perjuicio de las atribuciones que puedan corresponder al Estado Nacional, ejerce la policía de

trabajo en todo el territorio provincial. La legislación considera el trabajo como factor de

promoción individual, familiar y social, asegurando la protección efectiva de los trabajadores.

1. Asegurar el derecho al mantenimiento, protección y mejoramiento de la salud de su población

y a la atención de quienes se encuentren transitoriamente en su territorio.

2. Garantizar el acceso al ejercicio efectivo del mencionado derecho a través de sus electores

públicos, integrando todo los recursos provinciales, municipales, regionales y nacionales con sus

instituciones sociales públicas y privadas.

3. Promover la descentralización operativa y funcional del sistema de salud.

4. Normatizar, coordinar y fiscalizar todas las acciones y prestaciones de salud de la Provincia,

asegurando la accesibilidad, universalidad, equidad, adecuación y oportunidad, de las mismas,

priorizando acciones destinadas a sectores considerados en situación de riesgo.

5. Desarrollar planes y programas con relación a: medicamentos, alimentos, higiene y seguridad

industrial, medicina laboral, medicina del deporte, protección sanitaria del espacio provincial.

6. Controlar los factores sociobiológicos y ambientales a fin de reducir los riesgos de enfermar de

todas las personas, desde el momento de su concepción y hasta su muerte natural.

7. Promover la solidaria participación de la sociedad en su conjunto para el logro de la excelencia

en la atención de la salud.

8. Integrar lo científico y humanístico en la satisfacción de las necesidades sociales atendiendo en

todos los casos a la dignidad de la persona, especialmente en los relacionados con manipulación

genética.

9. Propender al desarrollo de actitudes personales que conducen al control individual y colectivo,

promocionando la prevención, recuperación y rehabilitación, en especial a través de la educación

para la salud, coordinando las correspondientes acciones con las distintas jurisdicciones.

destinan al desarrollo humano entendido como logro de un nivel de vida ascendente y a la salud

como condición necesaria en la búsqueda del máximo bienestar para el mayor número de

individuos.

seguridad social que comprenden las consecuencias económicas y sociales de la desocupación,

nacimiento, niñez desvalida, enfermedad, desamparo, invalidez, vejez y muerte. Fomenta las

instituciones de solidaridad social, los establecimientos de ahorro y las mutualidades.

equitativo de la Provincia, los empleadores y trabajadores. Los funcionarios, electivos o no,

aportan al sistema previsional y de la seguridad social provinciales.

Los riesgos propios de los accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales e incapacidad

producida en ocasión del trabajo y aquellas no imputables al trabajador, están a cargo exclusivo

de los empleadores, sean personas de derecho público o privado.

anterior está a cargo de un organismo autárquico provincial integrado por representantes de la

Provincia, los empleadores y los trabajadores activos y pasivos. No puede darse a las

contribuciones otro destino que el específico para el que son recaudadas.

familia, que incluye servicios sociales y públicos e integración con el entorno natural y cultural,

quedando resguardada su privacidad. En sus previsiones el Estado contempla planes

habitacionales, individuales y colectivos, en función del progreso tecnológico y de la evolución

social.

La política respectiva provee el ordenamiento territorial con miras al uso racional del suelo, al

interés público y a las características de las diversas comunidades.

El acceso a la vivienda propia se promueve en todo el ámbito de la Provincia, sobre la base de la

equidad y mediante regímenes adecuados a los distintos casos, con prioritaria consideración a los

de menores recursos.

casinos, son reglamentados por ley con carácter restrictivo.

El otorgamiento de concesiones de explotación de casinos a particulares se ajusta a la

reglamentación que establece la ley con la aprobación de los dos tercios del total de los

miembros de la Legislatura.

Los fondos recaudados por la Provincia se destinan al financiamiento de las políticas sociales del

Estado.

persona o atenta contra su dignidad, son reprimidas por leyes especiales.

limitando de hecho la libertad e igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la

persona y la efectiva participación de todos los ciudadanos en la organización política,

económica y social de la Provincia.

actividades económicas y monopolizar de terminada industria o actividad cuando el bien común

lo requiera. Su función tiene carácter supletorio.

obstaculiza el desarrollo de la economía, que tiende a dominar los mercados, eliminar la

competencia o aumentar arbitrariamente los beneficios, pudiendo la Provincia expropiar las

organizaciones responsables.

sirven a la sociedad y al bienestar común. El Estado fomenta y protege la producción y su

diversificación y, en especial, el turismo, las industrias madres y las transformadoras de los

recursos provinciales, a cuyo efecto puede conceder, con carácter temporario, exención de

impuestos y contribuciones u otros beneficios compatibles con esta Constitución, protegiendo al

pequeño productor, o concurrir a la formación de sus capitales y el de los ya existentes,

participando de la dirección y de la distribución de sus beneficios. Igualmente fomenta y orienta

la aplicación de todo sistema, instrumento o procedimiento que tiende a facilitar la

comercialización de la producción, aunque para ello deba acudir con sus recursos o con su

crédito.

comercialización de bienes y servicios en función del valor agregado que incorporan y favorece

la importación de bienes de capital.

económica y competitiva operatoria. Ejerce la autoridad en todos los puertos de su litoral y en

costas de agua continentales como también el poder de policía, pudiendo delegar su

administración a terceros.

económico-social. La correspondiente política considera al turismo como un medio de acceso al

patrimonio cultural y natural y de desarrollo de las relaciones pacíficas entre los pueblos.

Asegura una explotación racional de la actividad que conserva la integridad del mencionado

patrimonio. Favorece la iniciativa e inversión pública y privada y tiende especialmente a

preservar la calidad del medio ambiente.

Fomenta el turismo social procurando que esté‚ al alcance de todos los habitantes de la Provincia.

cooperación libre sin fines de lucro, las que así se constituyan y funcionen están exentas de

impuestos.

El Estado fiscaliza el cumplimiento de sus fines.

El Estado es competente en materia de telecomunicaciones y radio difusión en el ámbito de su

territorio y ejerce el poder de policía. Coordina su planificación con el Estado Nacional y con las

provincias de la región.

Considera la radiodifusión como un servicio público orientado al desarrollo integral de la

Provincia y sus habitantes, a la efectiva integración provincial, a la afirmación de su identidad

cultural y al pleno ejercicio del derecho a informar e informarse.

elaboración y en la forma que lo determina la ley, intervienen con carácter consultivo

representantes del Estado, de los consumidores, de los sectores del trabajo, de la producción y del

comercio.

la propiedad de la tierra, que es adjudicada en forma irrevocable.

Puede admitirse la colonización privada siempre que no se oponga al bien común y esté bajo el

contralor de la Provincia.

distribución de su renta. Instrumenta políticas que posibilitan alternativas de producción en casos

de agotamiento del recurso o cambios que no hacen oportuna su explotación.

fondos del tesoro provincial, formado del producto de la venta o locación de tierras fiscales, del

canon sobre pertenencias mineras, de las regalías provenientes de la explotación de sus recursos

naturales, de la venta de otros bienes de su propiedad , de los tributos, de los empréstitos y

operaciones de crédito autoriza- dos por la Legislatura para empresas de utilidad pública, de la

renta producida por la tenencia o realización de títulos públicos o privados y demás ingresos

provenientes de otras fuentes de recursos.

fiscal de la Provincia, a cuyo poder impositivo están sometidos los beneficios que se generan y

los actos o negocios imponibles que pasan en su jurisdicción.

1. Propender a la eliminación paulatina de los impuestos que graven los artículos de primera

necesidad y el trabajo, evolucionando hacia un régimen impositivo, basado en los impuestos

directos con escalas progresivas y en los que recaigan sobre los artículos suntuarios y superfluos.

2. Acordar exenciones y facilidades impositivas que contemplen la situación de los

contribuyentes con menores recursos y que estimulen la construcción de la vivienda propia.

3. Facilitar la consolidación del grupo familiar y de su patrimonio eximiendo de impuestos al

ingreso mínimo necesario para la vida normal de la familia.

4. Desgravar las actividades benéficas y culturales.

La igualdad es la base de los impuestos y de las cargas públicas. Las contribuciones se ajustan a

principios de justicia social.

promover la producción, la mejor ocupación del territorio provincial y la generación de genuinas

fuentes de trabajo.

Establece los mecanismos de distribución y adjudicación de las tierras fiscales en propiedad,

reconociendo a los indígenas la posesión y propiedad individual de las tierras que legítima y

tradicionalmente ocupan.

efectúa mediante oferta pública, salvo las excepciones que establece la ley.

condiciones previstas en esta Constitución puede autorizar la enajenación de bienes fiscales a

título oneroso o gratuito o la adquisición de inmuebles sin los recaudos del artículo anterior,

cuando sea necesario para fines de colonización u otros de utilidad pública. En cada caso se dicta

una ley especial y el Poder Ejecutivo da cuenta a la Legislatura del uso que ha hecho de la

autorización.

la justicia ordinaria, sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes federales, sin necesidad de

autorización previa y sin privilegio alguno.

No puede trabarse embargo preventivo sobre sus bienes o rentas.

Si son condenados al pago de una deuda, pueden ser ejecutados en la forma ordinaria y

embargadas sus rentas, si transcurrido un año desde que el fallo condenatorio quedó firme, no

arbitran los recursos para efectuar el pago. Se exceptúan de esta disposición las rentas y bienes

especialmente afectados en garantía de una obligación.

renovables y no renovables, migratorios o no, que se encuentran en su territorio y su mar,

ejerciendo el control ambiental sobre ellos.

Promueve el aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo,

conservación, restauración o sustitución.

social. La ley garantiza su preservación y recuperación procurando evitar tanto la pérdida de

fertilidad como la erosión y regulando el empleo de las tecnologías de aplicación.

tengan o adquieran aptitud para satisfacer usos de interés general. La ley regla el gobierno,

administración, manejo unificado e integral de las aguas superficiales y subterráneas, la

participación directa de los interesados y el fomento de aquellos emprendimientos y actividades

calificadas como de interés social.

La Provincia concierta con las restantes jurisdicciones el uso y el aprovechamiento de las cuencas

hídricas comunes.

incluidos los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y minerales nucleares, existentes en su

territorio, ejerciendo su fiscalización y percibiendo el canon y regalías correspondientes.

Promueve, asimismo, la industrialización en su lugar de origen.

La ley establece la autoridad de aplicación.

transporte, pueden alterar el medio ambiente, deben ser objeto de tratamiento específico.

conservación.

mejoramiento y ampliación se rigen por las normas que dictan los Poderes públicos provinciales.

Una ley general regula la enajenación del recurso, la que requiere para su aprobación el voto de

los cuatro quintos del total de los miembros de la Legislatura. La misma ley establece las

restricciones en interés público que deben constar expresamente en el instrumento traslativo de

dominio, sin cuyo cumplimiento éste es revocable.

El Estado determina el aprovechamiento racional del recurso y ejerce a tal efecto las facultades

inherentes al poder de policía.

Provinciales. Declara por ley, que requiere para su aprobación el voto de los dos tercios del total

de los miembros de la Legislatura, zonas de reserva y zonas intangibles y reivindica sus derechos

sobre los Parques Nacionales y su forma de administración.

En las zonas de reserva regula el poblamiento y el desarrollo económico.

subacuáticos, marítimos y continentales, resguardando su correspondiente equilibrio.

Fomenta la actividad pesquera y conexa, propendiendo a la industrialización en tierra y el

desarrollo de los puertos provinciales, preservando la calidad del medio ambiente y coordinando

con las distintas jurisdicciones la política respectiva.

de distribución de energía eléctrica y gas, pudiendo convenir su prestación con el Estado

Nacional o particulares, procurando la percepción de regalías y canon correspondientes. Tiene a

su cargo la policía de los servicios y procura su suministro a todos los habitantes y su utilización

como forma de promoción económica y social.

su vida y su bienestar y el deber de su conservación en defensa del interés común. El Estado

preserva la integridad y diversidad natural y cultural del medio, resguarda su equilibrio y

garantiza su protección y mejoramiento en pos del desarrollo humano sin comprometer a las

generaciones futuras. Dicta legislación destinada a prevenir y controlar los factores de deterioro

ambiental, impone las sanciones correspondientes y exige la reparación de los daños.

residuos de origen extraprovincial radioactivos, tóxicos, peligrosos o susceptibles de serlo.

Queda igualmente prohibida la fabricación, importación, tenencia o uso de armas nucleares,

biológicas o químicas, como así también la realización de ensayos y experimentos de la misma

índole con fines bélicos.

judicial la adopción de medidas preventivas o correctivas, respecto de hechos producidos o

previsibles que impliquen deterioro del medio ambiente.

a la educación y a la participación en los bienes de la cultura, con el propósito de posibilitar a

todo habitante el logro de niveles humanos crecientes.

patrimonio social al que todo habitante tiene un acceso libre y responsable, debiendo el Estado

atender a su conservación, enriquecimiento y difusión, desarrollando políticas integradoras de los

valores compartidos por las distintas tradiciones.

persona, toma en cuenta tanto su equilibrado desarrollo humano como su capacitación acorde con

las exigencias de la sociedad a la que pertenece.

instituciones ejercen sus derechos y cumplen con los preceptos legales, correspondiendo al

Estado garantizar la participación de todos en el bien común, según los valores que configuran la

vida democrática.

surgen de la evolución de la persona y de la sociedad, previendo eficiencia, calidad y

actualización constantes.

1. Reconocer la libertad de enseñanza y la correspondiente iniciativa privada.

2. Reconocer el derecho y la obligación de los padres a la educación de los hijos, atendiendo a la

consolidación de la familia.

3. Fiscalizar el sistema educativo y propender a su articulación interna y externa.

4. Establecer los correspondientes niveles de obligatoriedad.

5. Propender a la integración de las características regionales, nacionales y universales.

6. Velar por la idoneidad de todos los responsables.

7. Coordinar la participación de las asociaciones intermedias a los fines de consolidar los

derechos y las metas de la educación.

8. Asegurar el carácter gratuito de la educación pública oficial.

9. Garantizar un presupuesto adecuado a los fines del sistema y a la consiguiente calidad de sus

productos.

10. Promover el acceso de todos los habitantes a las diversas instancias educativas y su

permanencia en ellas, en procura de mejores niveles de vida.

11. Instrumentar planes de ciencia y tecnología acordes con las necesidades de desarrollo

provincial.

12. Fomentar la creación y enriquecimiento de bibliotecas públicas con sus correspondientes

servicios de extensión.

13. Establecer con carácter obligatorio en el sistema educativo el estudio de esta Constitución y

la práctica de sus normas.

1. Centralización política y normativa que preserva la integridad provincial y su pluralismo.

2. Descentralización operativa concordante con las subdivisiones territoriales.

3. Participación democrática de las comunidades educativas en las responsabilidades de sus

correspondientes ámbitos.

recursos suficientes para su sostén, difusión y mejoramiento. En ningún caso la contribución del

tesoro de la Provincia es inferior al veinticinco por ciento de los recursos fiscales.

Se forma un fondo de edificación escolar constituido por el cinco por ciento del presupuesto

educativo y los otros recursos que determina la ley. El fondo se deposita en una cuenta especial

afectada a la adquisición de terrenos y construcción de edificios escolares.

objetos, bajo pena de destitución y la que corresponde por malversación de caudales públicos. En

ningún caso puede hacerse ejecución ni trabarse embargo en los bienes y rentas destinados a la

educación.

humano y del mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes, asegurando que sus

beneficios se incorporen al sistema educativo.

Prioriza la investigación científica y el progreso tecnológico requeridos por las necesidades

locales y regionales.

Favorece asimismo el intercambio de los correspondientes productos y la cooperación

interinstitucional, dentro y fuera de la Provincia.

orden constitucional, la defensa de la sociedad y la integridad de los habitantes y su patrimonio,

asegurando la irrestricta vigencia de las libertades públicas y la plena observancia de los derechos

y garantías individuales.

federal y custodia de fronteras, espacios acuáticos y demás materias, cuya policía se ha conferido

a la Nación, no se admite en territorio provincial actuación de fuerzas de seguridad nacionales.

Con carácter excepcional y previa autorización de la Legislatura mediante el voto de los dos

tercios del total de sus miembros, puede requerirse el auxilio de fuerzas de seguridad nacionales

cuando se encuentran gravemente amenazados los derechos y garantías constitucionales o la

plena vigencia de las instituciones democráticas, como así también cuando por cualquier causa se

encuentran en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de la

Provincia.

veintisiete miembros, elegidos directamente por el pueblo de la Provincia en distrito único. El

elector vota por una lista de dieciséis diputados titulares y ocho suplentes para reemplazar a

aquellos en casos de renuncia, muerte o impedimento.

Al partido más votado le corresponde dieciséis bancas y las once restantes se distribuyen a su vez

entre los demás partidos por el sistema proporcional, respetándose el orden en que estén

colocados los candidatos en las respectivas listas oficializadas.

ciudadanía en el caso de los naturalizados, mayor de edad y no menos de cuatro años de

residencia inmediata en la Provincia, no causando interrupción la ausencia motivada por el

ejercicio de cargos públicos nacionales o provinciales.

1. El de funcionario o empleado a sueldo de la Nación, de la Provincia o de los municipios o el

desempeño de funciones directivas en asociaciones gremiales.

2. El de funcionario o empleado que recibe retribución de empresas particulares concesionarias

de servicios públicos.

3. Cualquier cargo electivo.

Se exceptúan de esta incompatibilidad la docencia en ejercicio y las comisiones honorarias

eventuales, debiendo estas últimas ser aceptadas previo consentimiento de la Legislatura.

El diputado que acepta un cargo incompatible queda cesante por ese solo hecho y el Presidente

de la Legislatura comunica la vacante al Tribunal Electoral.

reemplazantes que completan un mandato. Pueden ser reelegidos.

una dieta que fija la ley, la que no puede ser disminuida por acto de autoridad durante el período

del mandato, pero está sujeta a los aportes previsionales y de la seguridad social, a los tributos en

general y a las disminuciones que se disponen por leyes de carácter general y transitorio,

extensivas a todos los Poderes del Estado.

Los que durante el desempeño de su mandato tengan su domicilio fuera de la ciudad asiento de la

Legislatura, pueden percibir proporcionalmente a la distancia una asignación compensatoria para

cubrir sus gastos de traslado y estadía.

producen el descuento automático de la parte proporcional de la dieta. Si alcanzan al veinticinco

por ciento en un año calendario, se extingue de pleno derecho el mandato conferido. Para la

consiguiente exclusión e incorporación de suplentes, se requiere la presencia de la cuarta parte de

los componentes de la Legislatura. Con el número de legisladores referidos puede compelerse al

inasistente por la fuerza pública, aplicársele multa o suspenderlo.

voto sino en caso de empate. La Legislatura nombra de su seno un Vicepresidente primero y un

Vicepresidente segundo, quienes proceden a desempeñar la Presidencia por su orden en el caso

de ausencia del Vicegobernador o cuando éste ejerce el Poder Ejecutivo.

el primer día hábil del mes de marzo hasta el 15 de diciembre, debiendo invitar al titular del

Poder Ejecutivo a la sesión inaugural, a los efectos de dar cuenta del estado de la administración

y necesidades públicas y puede prorrogar sus sesiones por sí por el término que sea necesario.

La Cámara puede ser convocada a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, siempre que el

interés público lo requiera a pedido de un tercio de sus miembros o de la Comisión Legislativa de

Receso.

exige lo contrario. La Legislatura sesiona con la mayoría absoluta de sus miembros, pero cuando

por falta de quórum fracasan dos sesiones consecutivas, puede sesionar con la tercera parte de

sus miembros. Tratándose de sesiones especiales, el quórum de la tercera parte rige cuando la

citación se ha hecho con anticipación de por lo menos tres días.

Legislativa de Receso constituida por cinco miembros, que actúa durante el receso parlamentario

y cuyas funciones son las siguientes:

1. La observancia de los asuntos de primordial interés político, social, jurídico y económico de la

Nación y de la Provincia, para su oportuno informe a la Legislatura.

2. Convocar a la Legislatura a sesiones extraordinarias cuando asuntos de interés público lo

requieren. La Legislatura decide por simple mayoría sobre la oportunidad y necesidad de la

convocatoria.

3. Las demás funciones que reglamentariamente le otorga la Legislatura.

1. Confeccionar su reglamento, que no debe modificarse sobre tablas y en un mismo día.

Con el voto de los dos tercios del total de sus miembros, puede corregir y aun excluir de su seno,

a cualquiera de ellos, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad

y removerlos por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación.

Para aceptar la renuncia de sus miembros, basta el voto de la mayoría de los diputados presentes.

2. Realizar los nombramientos que le corresponden, los que deben hacerse por mayoría absoluta

de los presentes. Si hecho el escrutinio ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, debe

repetirse la votación contrayéndose a los dos candidatos más votados y en caso de empate decide

el Presidente.

3. Con el voto de tres de sus miembros, solicitar los datos e informes que crea necesarios para el

mejor desempeño de sus funciones, al Poder Ejecutivo y a los jefes de oficinas administrativas,

quienes deben suministrarlos en el plazo que se les concede y exhibir sus libros y papeles.

4. Hacer comparecer a su seno, con el voto de un tercio de sus miembros presentes, a los

Ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones o informes que crea convenientes,

citándolos por lo menos con un día de anticipación, salvo casos de urgencia o gravedad. Al

citarlos, les hace saber los puntos sobre los que deben informar, siendo la concurrencia

obligatoria y configurando la falta injustificada mal desempeño de sus funciones.

El titular del Poder Ejecutivo puede concurrir cuando lo estime conveniente en reemplazo del

convocado.

5. Nombrar en su seno comisiones de investigación con el fin de examinar la gestión de los

funcionarios públicos, el estado de la administración y del tesoro provincial. Estas comisiones

están integradas por representantes de todos los bloques, en forma tal que refleje la composición

de la Cámara, y ejercen las atribuciones que les otorga el cuerpo en directa relación con sus fines,

respetando los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional y la presente, así

como la competencia judicial. No pueden practicar allanamientos sin orden escrita de juez

competente.

En todos los casos deben informar a la Legislatura, dentro del plazo fijado en el momento de su

creación o cuando ésta lo requiera, sobre el estado y resultado de su investigación.

Las conclusiones de las comisiones investigadoras no son vinculantes para los Tribunales, sin

perjuicio de que sean comunicadas al Ministerio Fiscal para el ejercicio de la acción, cuando

proceda.

6. Conceder o negar licencia al Gobernador para salir de la Provincia por más de treinta días.

7. Invitar, con el voto de tres de sus miembros, a especialistas en temas que se encuentren en

tratamiento parlamentario, con el objeto de que expongan ante el cuerpo de acceso y

participación del público en general.

8. Aplicar multas con arreglo a los principios parlamentarios a toda persona que fuera de su seno

viola los privilegios necesarios para su regular funcionamiento debiendo pasar los antecedentes a

la justicia.

1. Aprobar o desechar los tratados o convenios que firma la Provincia.

2. Dictar la legislación tributaria creando impuestos, tasas y contribuciones; cuyo monto fija en

forma equitativa, proporcional o progresiva de acuerdo con el objeto perseguido y con el valor de

los bienes o de sus réditos, en su caso.

3. Sancionar su propio presupuesto, acordando el número de empleados que necesita, su

remuneración y la forma en que deben proveerse los cargos. Esta ley no puede ser vetada por el

Poder Ejecutivo.

4. Fijar la planta de personal y el presupuesto de gastos y cálculo de recursos anual o plurianual,

no pudiendo este último exceder el término del mandato de la autoridad remitente, quien

acompaña, obligatoriamente el detalle de recursos previstos para afrontar las erogaciones de cada

ejercicio financiero. La Ley de Presupuesto es la base a que debe sujetarse todo gasto de la

administración general de la Provincia y en ella deben figurar todos los ingresos y egresos

ordinarios y extraordinarios, aun cuando hayan sido autorizados por leyes especiales. Si los

recursos para cumplir estas leyes no se incluyen en la Ley de Presupuesto, se consideran

derogadas si no han tenido principio de ejecución y suspendidas si lo tienen. En ningún caso la

Legislatura puede aumentar el monto de las partidas del cálculo de recursos presentado por el

Poder Ejecutivo, ni autorizar por Ley de Presupuesto una suma de gastos mayor que la de

recursos, salvo el derecho del Poder Legislativo de crear nuevos impuestos o aumentar las tasas.

En la Ley de Presupuesto se aprueba el número de cargos de la administración pública y su

remuneración.

5. El número de puestos y el monto de los sueldos proyectados por el Poder Ejecutivo en la Ley

de Presupuesto no pueden ser aumentados en ésta; dichos aumentos sólo se hacen por medio de

proyectos de ley que siguen la tramitación ordinaria.

6. En el caso de que el Poder Ejecutivo no remita el proyecto de Ley de Presupuesto General de

la Administración antes de terminar el tercer mes de sesiones ordinarias de la Legislatura y ésta

considere necesario modificar el que rige, procede a hacerlo tomándolo como base. Pronunciada

tal resolución, corresponde a la Legislatura formular el Proyecto de Ley de Presupuesto Anual. Si

el Poder Ejecutivo no remite el Proyecto de Ley de Presupuesto General dentro de los tres

primeros meses de las sesiones ordinarias y si la Legislatura en el resto del período de dichas

sesiones no resuelve usar la facultad acordada precedentemente, se tiene el presupuesto en

vigencia como Ley de Presupuesto para el año siguiente.

7. Las leyes impositivas rigen en tanto la Legislatura no las deroga ni las modifica, debiendo

estas modificaciones hacerse por medio de Ley especial.

8. Aprobar, observar o desechar las cuentas de inversión que le remite el Poder Ejecutivo en el

mes de junio de cada período ordinario, que comprenden el movimiento administrativo hasta al

31 de diciembre inmediato anterior.

9. Dictar leyes estableciendo los medios para hacer efectivas las responsabilidades civiles de los

funcionarios, especialmente las de los administradores de dineros públicos.

10. Establecer la división departamental y municipal de la Provincia, tomando como base su

extensión, realidad geográfica y económica y necesidades de colonización y de urbanización de

las zonas menos pobladas.

11. Conceder amnistías, excepto en aquellos casos de delitos de fraude electoral, contra la

libertad y secreto del sufragio y los relativos o derivados de actos ejecutados contra los Poderes

públicos y el orden constitucional provincial.

12. Autorizar la cesión de parte del territorio de la Provincia con fines de utilidad pública con el

voto de las tres cuartas partes del total de los miembros del cuerpo y con el voto de la totalidad

de sus miembros cuando la cesión importe desmembramiento de territorio o abandono de

jurisdicción dentro de los límites prescriptos por la Constitución Nacional. En este último caso,

la ley que así lo disponga debe ser sometida a consulta popular vinculante.

13. Calificar los casos de expropiación por causa de utilidad pública, determinando los fondos

con que se hace efectiva la previa indemnización.

14. Crear el Banco Oficial de la Provincia y autorizar el establecimiento de otras instituciones

financieras y de crédito, dentro del ámbito de la competencia provincial.

15. Facultar al Poder Ejecutivo, con la mitad más uno de sus miembros, para contraer empréstitos

o captar fondos públicos con bases y objetos determinados mediante la emisión de títulos, no

pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración.

Los papeles de crédito público llevan transcriptas las disposiciones de la ley autorizante. La

aplicación del crédito a un objeto distinto del solicitado hace incurrir en falta grave a quienes lo

autoricen o consientan, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda corresponder.

16. Crear reparticiones autárquicas, pudiendo darles facultades para designar su personal y

administrar los fondos que se les asignan dentro de las prescripciones de la ley de su creación.

17. Reglamentar el uso público de símbolos o distintivos que no pertenecen a la Nación

Argentina o a países extranjeros.

18. Recibir el juramento de ley del Gobernador y del Vicegobernador de la Provincia; admitir o

rechazar sus renuncias y, con dos tercios de la totalidad de sus miembros, declarar los casos de

impedimento de la persona que ejerza el Poder Ejecutivo.

19. Dictar los códigos procesales y los de fondo en las materias en que esa facultad no haya sido

delegada al Congreso Nacional.

20. Rechazar o aprobar los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo.

21. Legislar sobre defensa de la competencia y protección de los usuarios de servicios públicos

prestados por los particulares o el Estado.

22. Legislar sobre sanidad animal y vegetal contemplando la condición de la Provincia como

zona libre de aftosa y otras enfermedades.

23. Hacer conocer su posición o la del pueblo, cuando se ha expedido mediante consulta popular

a los legisladores nacionales de la Provincia sobre temas que afectan directamente el interés del

Estado Provincial.

24. Establecer una sesión especial anual a la que se invita a los senadores nacionales con el

objeto de que expongan acerca de su actuación como representantes de la Provincia.

25. Legislar sobre protección ambiental.

26. Dictar una legislación especial sobre protección del patrimonio histórico, cultural,

arqueológico y paleontológico, con la necesaria participación de los municipios.

27. Legislar sobre organización de los municipios y policía, planes y reglamentos generales sobre

enseñanza, organización del Registro Civil de las Personas, organización de la justicia provincial

y juicios por jurados, autorizar la ejecución de obras públicas y, en general, dictar las leyes y

reglamentos necesarios para poner en ejercicio los Poderes y autoridades que establece esta

Constitución y para todo asunto de interés público que por su naturaleza y objeto no ha sido

delegado a la Nación.

el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial en los casos autorizados por esta Constitución y por el

pueblo mediante el derecho de iniciativa popular.

Para que un proyecto de ley sea sancionado sobre tablas, son necesarios dos tercios de votos de

los presentes.

de Ley General o No General. Tal calificación la hace la Cámara a través del voto de la simple

mayoría de los diputados presentes en la sesión en que el proyecto toma estado parlamentario.

miembros, en las comisiones internas permanentes que correspondan al tratamiento y aprobación

de proyectos de leyes no generales, que por su naturaleza, trascendencia, cuantía o contenido de

alcance particular, así resulten calificados.

voto de los dos tercios del total de los miembros de la comisión, el presidente de ésta gira el

despacho al Presidente de la Cámara para que lo comunique al Cuerpo en la inmediata sesión,

entendiéndose notificados a partir de ese momento la totalidad de sus miembros.

Dentro de los diez días corridos, con el pedido de tres diputados se puede requerir el tratamiento

y discusión del proyecto en sesión plenaria. Vencido dicho término opera la aprobación del

proyecto de ley conforme el despacho de comisión previsto en el párrafo precedente y pasa al

Poder Ejecutivo para su promulgación.

En caso de resultar remitido el proyecto a más de una comisión éstas deben reunirse en plenario.

Debe asegurarse la publicidad de las sesiones de comisión bajo pena de nulidad de su despacho.

y si también lo aprueba, lo promulga como ley. Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo

proyecto no devuelto en el término de diez días hábiles.

Poder Ejecutivo debe, dentro de dicho término, remitir el proyecto vetado a la Comisión

Legislativa de Receso, la que puede convocar a sesión extraordinaria para que la Legislatura

resuelva sobre su tratamiento, si razones de urgencia o de interés público lo aconsejan.

con sus objeciones a la Cámara y si ésta insiste en su sanción, con el voto de los dos tercios de

los presentes; es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

No existiendo los dos tercios para la insistencia ni mayoría para aceptar las modificaciones

propuestas por el Poder Ejecutivo, no puede repetirse el proyecto en las sesiones del mismo año.

Vetado parcialmente un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, éste sólo puede promulgar la

parte no vetada si ella tiene autonomía normativa y no afecta la unidad del proyecto, previa

decisión favorable de los dos tercios de los miembros de la Cámara.

el primero o segundo período ordinario siguiente, el Poder Ejecutivo está obligado a su

promulgación.

ley a la Legislatura con pedido de urgente tratamiento, los que deben ser considerados dentro de

los sesenta días corridos desde su recepción.

Si el Cuerpo se encuentra en receso, dicha remisión sirve de acto de convocatoria a sesiones

extraordinarias.

La solicitud para el tratamiento de urgencia de un proyecto de ley puede ser hecha aun después

de la remisión y en cualquier etapa de su trámite. En tales casos, se entiende recibido por la

Cámara el día en que tiene lugar la sesión, inmediatamente posterior a su recepción por mesa de

entradas.

Los proyectos a los que se imponga el trámite dispuesto por este artículo y no sean expresamente

rechazados dentro de los plazos establecidos, se tienen por aprobados.

La Legislatura, con excepción del Proyecto de Ley de Presupuesto, puede dejar sin efecto el

trámite de urgencia si así lo resuelve la mayoría de sus miembros en cuyo caso se aplica a partir

de ese momento el trámite ordinario.

modificaciones, con excepción de los códigos y otras leyes que por su extensión hagan

inconveniente la reimpresión, en cuyo caso esta norma se cumple en cada nueva edición.

Cuando en una ley se citan e incorporan prescripciones de otra, las partes que se citan o

incorporan se insertan íntegramente.

En su publicación oficial las leyes de la Provincia se numeran por orden correlativo con la fecha

de promulgación.

Al día siguiente de su publicación oficial, si no tienen fecha efectiva de entrada en vigencia, son

obligatorias.

En la sanción de las leyes se usa la siguiente fórmula "La Legislatura de la Provincia del Chubut

sanciona con fuerza de ley".

En el artículo de forma se consigna el carácter de la ley de conformidad con la calificación previa

que le ha dado el Cuerpo.

Gobernador de la Provincia, que es elegido directamente por el pueblo, a simple pluralidad de

sufragios.

Al mismo tiempo y por el mismo período es elegido un Vicegobernador.

En caso de empate se procede a una nueva elección.

Ningún ciudadano puede emplear ni se le acuerda el título de Gobernador o Vicegobernador de la

Provincia si no ha sido electo en virtud de los procedimientos consagrados en la presente

Constitución.

1. Ser argentino nativo o por opción.

2. Haber cumplido treinta años de edad y estar en ejercicio de la ciudadanía.

3. Tener una residencia inmediata en la Provincia de cinco años sin que cause interrupción la

ausencia motivada por la presentación de servicios a la Nación, a la Provincia o a organismos

internacionales de las que éstas forman parte.

juramento ante la Legislatura. Si la Legislatura no puede reunirse ese día por falta de quórum, el

juramento se presta ante el Superior Tribunal de Justicia, que para tal fin debe estar reunido a la

misma hora en audiencia pública.

mismo día que expira el período sin que evento alguno pueda motivar su prórroga.

Pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente únicamente por un nuevo período consecutivo.

Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de

ambos cargos sino con un período de intervalo.

ausencia, las funciones de Gobernador son desempeñadas por el Vicegobernador por todo el

resto del período en los tres primeros casos o hasta que cese el impedimento, en los tres últimos.

artículo anterior, ejerce el Poder Ejecutivo el Vicepresidente Primero de la Legislatura y en

defecto de éste, el Vicepresidente Segundo, quienes prestan juramento de ley al tomar posesión

de ese cargo.

En caso de impedimento definitivo o renuncia del Gobernador o Vicegobernador y restando más

de dos años para terminar el período de gobierno, quien ejerza el Poder Ejecutivo convoca a

elecciones de Gobernador y Vicegobernador a fin de completar el período, para una fecha que no

exceda de noventa días de haberse hecho cargo.

Si faltasen menos de dos años pero más de tres meses, la elección de Gobernador para completar

el período la efectúa la Legislatura de su seno, por mayoría absoluta de votos en la primera

votación y a simple pluralidad en la segunda. En tal caso, el electo debe reunir las condiciones

requeridas para ser Gobernador.

ciudad Capital. No pueden ausentarse fuera de la Provincia por más de treinta días sin permiso de

la Legislatura.

Si la ausencia es de más de cinco días deberá delegar el mando.

tesoro de la Provincia. Su remuneración es fijada por ley y no puede ser disminuida por acto de

autoridad durante el período de sus mandatos, pero está sujeta a los aportes previsionales y de la

seguridad social, a los tributos en general y a las disminuciones que se dispongan por leyes de

carácter general y transitorio extensivas a todos los Poderes del Estado.

Mientras duran sus mandatos no pueden percibir otros emolumentos que no sean sus rentas

propias ni ejercer otro empleo salvo expresa autorización de la Legislatura prestada por el voto

de los dos - tercios del total de sus miembros.

autorización de la Legislatura, hasta tres meses después de haber terminado su mandato.

1. Expide las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las leyes de

la Provincia, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.

2. Participa en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución y tiene la facultad de

tomar parte en todas las deliberaciones de la Cámara de Diputados, por sí o por medio de sus

ministros, sin voto.

3. Nombra y remueve los funcionarios y empleados de la administración con las exigencias y

formalidades establecidas en esta Constitución o en la ley.

4. Nombra y remueve por sí a los Ministros Secretarios de despacho.

5. Representa a la Provincia en las relaciones oficiales con el Poder Ejecutivo Nacional y con los

demás Gobernadores de Provincia.

6. Indulta o conmuta las penas en forma individual por delitos sujetos a la jurisdicción provincial,

previo informe del Superior Tribunal de Justicia acerca de la oportunidad y conveniencia de la

medida. No puede ejercer esta atribución cuando se trata de delitos de funcionarios públicos en el

ejercicio de sus funciones y de los relativos o derivados de actos ejecutados contra los Poderes

Públicos y el orden constitucional provincial.

7. Celebra y firma tratados o convenios internacionales, con la Nación, las Provincias y entes de

derecho público o privado, dando cuenta a la Legislatura para su aprobación.

8. Hacer recaudar los impuestos y rentas de la Provincia, decreta su inversión legal y hace

público, por lo menos semestralmente, el estado de Tesorería.

9. Nombra con acuerdo de la Legislatura a los magistrados del Superior Tribunal de Justicia, al

Procurador General y al Defensor General de la Provincia.

10. Convoca a sesiones extraordinarias a la Legislatura cuando graves asuntos de interés público

lo requieren.

11. Informa a la Legislatura con mensaje escrito, en ocasión de la apertura anual de las sesiones,

sobre el estado de la administración y necesidades públicas.

12. Dentro del término establecido en esta Constitución, presenta el Proyecto de Ley de

Presupuesto para el año siguiente o plurianual en su caso, acompañado del plan de recursos que

no puede exceder del mayor ingreso anual del último quinquenio, salvo en lo calculado por

nuevos impuestos o aumentos de tasas. Da cuenta, asimismo, del uso y ejercicio del presupuesto

anterior.

13. Presta el auxilio de la fuerza pública a las autoridades y funcionarios que por la Constitución

o por la ley deben hacer uso de ella.

14. Toma las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público por todos los medios

que no estén expresamente prohibidos por esta Constitución y las leyes .

15. Designa para refrendar sus actos, en caso de impedimento o ausencia de un Ministro, al

Subsecretario del respectivo departamento, quien está sujeto a la responsabilidad ministerial.

16. Tiene bajo su vigilancia la seguridad del territorio y de sus habitantes, de las reparticiones y

establecimientos públicos de la Provincia.

17. Conviene con la Nación y demás provincias regímenes de coparticipación o multilaterales de

carácter impositivo y sobre regalías con aprobación del Poder Legislativo.

18. Remesa en tiempo y forma los fondos coparticipables con los municipios o los que por

cualquier concepto pertenezcan a ellos. Su incumplimiento es considerado una falta grave

funcional.

disposiciones de carácter legislativo.

Solamente en casos de extraordinaria y grave necesidad que tornen urgente, impostergable o

imprescindible la adopción de medidas legislativas para asegurar los fines de esta Constitución,

puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia con virtualidad de ley, los que son

decididos en acuerdo general de Ministros.

En ningún caso pueden versar sobre materia tributaria, penal, presupuestaria, electoral o régimen

de los partidos políticos.

Dentro de un plazo máximo de cinco días corridos desde la fecha de su dictado, el decreto con

sus fundamentos es sometido a consideración de la Legislatura bajo apercibimiento de su

automática derogación.

Las relaciones jurídicas nacidas a su amparo permanecen vigentes hasta el pronunciamiento

legislativo. El decreto pierde efectos jurídicos si la Legislatura no lo ratifica con el voto de los

dos tercios del total de sus miembros dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha

de su comunicación. El rechazo no puede ser vetado.

Si el Cuerpo se encuentra en receso la remisión sirve de acto de convocatoria a sesiones

extraordinarias.

En ningún caso y cualquiera sea la materia y calificación que le dé la Cámara, es de aplicación la

metodología prevista para el tratamiento de leyes no generales.

Ministros Secretarios. Una ley especial deslinda los ramos y las funciones adscriptas al despacho

de cada uno de ellos.

Las leyes sobre Ministerios que prevén la modificación de su número requieren el voto de las dos

terceras partes del total de miembros de la Legislatura para su aprobación.

legislador, sujeto a las mismas incompatibilidades.

No puede ser cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad del

Gobernador o del Vicegobernador.

firmas las resoluciones de éste sin cuyo requisito no tienen efecto ni se les da cumplimiento.

Pueden no obstante, expedirse por sí solos en todo lo referente al régimen interno de sus

respectivos departamentos y dictar resoluciones de trámite.

Son responsables de todas las órdenes y resoluciones que autorizan, sin que puedan eximirse de

responsabilidad por haber procedido en virtud de orden del Gobernador.

por ella. Pueden hacerlo también, cuando lo crean conveniente y tomar parte en sus discusiones,

pero no tienen voto.

puede ser disminuido por acto de autoridad durante el período de sus funciones. Están sujetos a

los aportes previsionales y de la seguridad social, a los tributos en general y a las disminuciones

que se dispongan por leyes de carácter general y transitorio extensivas a todos los Poderes del

Estado.

General, un Defensor General, Jueces Letrados, Jurados y demás funcionarios judiciales, con la

denominación, competencia material, territorial y de grado que establecen esta Constitución y las

leyes orgánicas.

Constituye un poder autónomo e independiente de todo otro poder al que compete

exclusivamente la función judicial.

más de seis, pudiendo dividirse en sala conforme lo determine la ley. Actúan ante él un

Procurador General y un Defensor General.

La fijación del número de miembros se establece por ley sancionada con el voto de los dos

tercios del total de los miembros que componen la Legislatura. La presidencia del Superior

Tribunal de Justicia se turna anualmente entre sus miembros.

Defensor General se requiere ser ciudadano argentino, tener título de abogado y acreditar por lo

menos doce años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura judicial.

Para ser Juez de Cámara, Fiscal o Defensor de Cámara, se requiere ser ciudadano argentino, tener

título de abogado y acreditar por lo menos diez años de ejercicio como abogado, magistrado o

funcionario judicial.

Para ser Juez Letrado, Fiscal o Defensor, se requiere ser ciudadano argentino, tener título de

abogado y acreditar cuando menos siete años de ejercicio como tal, como magistrado o como

funcionario judicial.

Los demás funcionarios jurídicos, letrados o no, deben reunir los requisitos que las leyes

establecen.

judiciales, el Procurador General, el Defensor General, los fiscales y los defensores son

inamovibles en las condiciones prescriptas por esta Constitución y mientras dure su aptitud y

buena conducta. Sólo pueden ser removidos por mal desempeño, desconocimiento inexcusable

del derecho, inhabilidad psíquica o física y la comisión de delitos dolosos.

Están sujetos a juicio político los Ministros del Superior Tribunal, el Procurador General y el

Defensor General. A enjuiciamiento en la forma y bajo el procedimiento previsto en la presente

Constitución, los demás jueces, los fiscales y los defensores.

Defensor General son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, prestado

con el voto de los dos tercios del total de sus miembros.

Los Jueces Letrados, Fiscales y Defensores, son designados por el Consejo de la Magistratura

con acuerdo de la Legislatura. Este se presta en sesión pública que se celebra dentro de los treinta

días corridos del ingreso del pliego respectivo. Se considera aprobado si transcurrido dicho plazo

no hay decisión afirmativa de la Legislatura o si no es rechazado mediante el voto fundado de los

dos tercios del total de sus miembros.

ciudades de Esquel, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Sarmiento, sin perjuicio de

la ampliación del número que establezca la ley.

Las atribuciones de los distintos funcionarios, la extensión y límites de sus jurisdicciones

territoriales y el orden de sus procedimientos son establecidos por leyes especiales.

Las leyes orgánicas pueden disponer que determinados órganos judiciales actúen con carácter

itinerante aun en distintas circunscripciones y crear distritos judiciales en el ámbito de éstas.

fallar los juicios dentro de los términos legales y conforme a derecho.

Vencidos los plazos a que se refiere el párrafo precedente, previa petición, pierden la aptitud

jurisdiccional en el caso.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo se considera falta grave a los

fines de la destitución, conforme a los procedimientos dispuestos por la presente Constitución.

lógica y legal. En el caso de los órganos colegiados, la fundamentación es individual, aun cuando

coincida con la conclusión de otro de los miembros.

La ausencia de motivación suficiente e individual se considera falta grave a los efectos

pertinentes.

secretarios letrados tienen asignaciones fijas pagadas mensualmente, las que no pueden ser

demoradas ni reducidas durante el desempeño de sus funciones por acto de autoridad, pero están

sujetas a los aportes previsionales y de la seguridad social, a los tributos en general y a las

disminuciones que se dispongan por leyes de carácter general y transitorio extensivas a todos los

Poderes del Estado, en el marco del ejercicio de poderes emergenciales. Ningún juez es

trasladado a jurisdicción distinta sin su consentimiento y la aprobación del Consejo de la

Magistratura. Toda ley que suprime juzgados sólo se aplica si vacaren.

de difusión del pensamiento, como asimismo Tribunales de Menores y de Familia.

proceso y a la organización del juicio por jurados.

En la etapa de plenario el proceso es, en todos los casos, oral y público.

cometidos por funcionarios públicos en perjuicio de la Administración Pública Provincial, los

tribunales competentes se integran en forma minoritaria por vocales legos sorteados de una lista

de ciudadanos que deben reunir las condiciones requeridas para ser diputados y en la forma que

establece la ley.

en acto alguno de propaganda electoral o política ni ejercer empleo público o comisión de

carácter político nacional o provincial, quedándole prohibido litigar en cualquier jurisdicción,

salvo causa propia o aquellas en que sean parte sus parientes hasta el cuarto grado civil. Los que

lo hagan, incurren en falta grave a los efectos de su enjuiciamiento y remoción.

alternadas la inconstitucionalidad de una norma legal, ésta deja de tener vigencia a partir del día

siguiente a la publicación oficial de la sentencia definitiva.

relativos a las siguientes materias:

1. Organización y procedimiento de la Justicia.

2. Organización y funcionamiento de los servicios conexos a la Justicia o de asistencia judicial.

Poder Judicial tendiente a acordarle plena autonomía financiera, económica y funcional.

1. Representa al Poder Judicial de la Provincia y ejerce la superintendencia, con facultades

disciplinarias sobre todos los magistrados, funcionarios, empleados y demás personas a quienes

las leyes acuerdan intervención en los juicios, sin perjuicio de las disposiciones específicas del

Ministerio Público.

2. Nombra y remueve sus propios empleados y los de los Tribunales inferiores, a propuesta de los

jueces respectivos.

3. Elabora su reglamento interno y dicta acordadas conducentes al mejor servicio de justicia.

4. Confecciona anualmente el presupuesto de gastos del Poder Judicial que envía a la aprobación

de la Legislatura, dentro del plazo establecido para el Poder Ejecutivo.

5. Acepta las renuncias de los magistrados, funcionarios y empleados judiciales sin perjuicio de

las disposiciones específicas del Ministerio Público.

6. Instrumenta mecanismos de capacitación y especialización para magistrados, funcionarios y

empleados judiciales.

7. Supervisa con los demás jueces y el Ministerio Público las cárceles, alcaidías y comisarías.

8. Integra y preside el Tribunal de Superintendencia Notarial.

9. Las demás que establecen las leyes.

1. Conoce y resuelve originaria y exclusivamente, en pleno:

1.1 De las acciones declarativas de inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos,

resoluciones, cartas orgánicas y ordenanzas municipales que estatuyan sobre materia regida por

esta Constitución y se controviertan en caso concreto por parte interesada.

1.2 De las cuestiones de competencia entre Poderes públicos de la Provincia y en las que se

suscitan entre los Tribunales inferiores, salvo que estos tengan otro superior común.

1.3 De las cuestiones de competencia entre sus salas, si las hay.

1.4 De los conflictos internos de los municipios, entre los Departamentos Ejecutivo y

Deliberativo, en el seno de este último, los de los municipios entre sí o con otras autoridades de

la Provincia.

1.5 De las quejas por denegatoria o retardo de justicia.

1.6 De la recusación de sus miembros, del Procurador General y de la sustitución del Defensor

General, en su caso.

2. Conoce y resuelve en pleno, sin sustanciación, de las causas criminales en que se prive de la

libertad por más de diez años, en la forma y modo que la ley establece.

3. Conoce y resuelve en pleno o por intermedio de sus salas, conforme lo determinan las leyes de

los recursos procesales que establecen.

simultáneamente miembros en un mismo Tribunal colegiado o jueces y titulares del Ministerio

Público que actúan ante ellos, ni conocer los nombrados magistrados y funcionarios en asuntos

que hayan resuelto como jueces o actuado como fiscales sus parientes o afines dentro de dicho

grado.

período de sesiones ordinarias de la Legislatura, informa a ésta con mensaje escrito y en sesión

pública acerca de la actividad del Poder Judicial.

en la forma que lo prescribe esta Constitución, de conformidad con la reglamentación legal,

disponer la actuación de Jueces de Refuerzo para complementar el servicio de justicia en

cualquier órgano judicial que lo requiera. Los Jueces de Refuerzo tienen como misión dictar

sentencias a fin de descongestionar la sobrecarga y desigualdades en el número de causas en

trámite.

En los Tribunales de juicio oral pueden ser convocados por el Superior Tribunal de Justicia con

el objeto de evitar la reiteración de los debates.

Los abogados que se designan como Jueces de Refuerzo deben reunir los requisitos de los jueces

titulares.

La provisión de los refuerzos no suple, en su caso, las responsabilidades de los jueces titulares

por retraso en el desempeño de sus funciones.

cuenta sus divisiones administrativas, extensión territorial y población.

Gaiman, Gobernador Costa, Lago Puelo, Puerto Madryn, Rawson, Río Mayo, Sarmiento, Trelew

y Trevelin y los que posteriormente establezca la ley, son nombrados por el Consejo de la

Magistratura, con acuerdo de los respectivos Concejos Deliberantes. El acuerdo se presta en

sesión pública que se celebra dentro de los treinta días corridos del ingreso del pliego respectivo.

Este se considera aprobado si transcurrido dicho plazo no hay decisión afirmativa del Concejo

Deliberante o si no es rechazado mediante el voto de los dos tercios del total de sus miembros.

Son inamovibles, conforme lo establezca la ley, por un período no inferior a seis años. El resto de

los Jueces de Paz son designados por elección popular directa y duran seis años en sus funciones

pudiendo ser destituidos antes de dicho período por las causales que establezca la reglamentación

legal.

En todos los casos pueden ser reelegidos.

del Departamento y desempeñar alguna actividad lícita.

justicia, entienden también en los asuntos que les asignan los Códigos Rural y de Minería, las

leyes especiales y en infracciones a los reglamentos.

Se propende, asimismo, a asignarles competencia en las demás materias que se establecen por

ley.

La ley reglamenta la jurisdicción y los procedimientos ante la Justicia de Paz y determina el

Tribunal de Apelación de la misma, procurando que los juicios finalicen en el mismo distrito de

su origen y contempla la aplicación del procedimiento de mediación o similares.

de Justicia, tres magistrados con rango no inferior a camarista o equivalente, cuatro abogados de

la matrícula con una antigüedad en el título no inferior a diez años, un empleado no abogado del

Poder Judicial con por lo menos diez años de antigüedad en el mismo y cinco ciudadanos no

abogados y no empleados judiciales, que reúnan los requisitos exigidos para ser elegido diputado,

en todos los supuestos con no menos de cuatro años de residencia efectiva en la Provincia.

Superior Tribunal de Justicia que se renueva anualmente, duran cuatro años en sus funciones y

no pueden ser reelectos en forma consecutiva. El Cuerpo se renueva por mitades cada bienio. Los

reemplazantes deben tener idéntica representación que los integrantes a los que suceden.

simple pluralidad de sufragios.

mayoría simple de votos. La asistencia es carga pública.

1. Los magistrados y funcionarios judiciales y los abogados por sus pares, aun entre los retirados

y jubilados, mediante voto secreto a simple pluralidad de sufragios. El acto eleccionario se lleva

a cabo en un mismo día en cada circunscripción judicial.

2. Los cinco representantes del pueblo, en oportunidad de las elecciones generales, de una lista de

candidatos no necesariamente partidarios que presenta cada agrupación política interviniente en

el acto eleccionario a nivel provincial. El Poder Ejecutivo provee lo necesario a esos fines.

3. El representante de los empleados judiciales mediante elección que practican los mismos en

toda la Provincia.

En todos los casos se eligen titulares, que no pueden pertenecer a la misma circunscripción

judicial, y sus suplentes, bajo los mismos requisitos y condiciones.

1. Provee lo necesario para la realización de los concursos de antecedentes y oposición

destinados a la designación de magistrados y funcionarios judiciales, los que deben ser abiertos y

públicos. Puede requerir la colaboración de Juristas reconocidos en el país.

2. Juzga en instancia única y sin recurso en el concurso para nombramientos de magistrados y

funcionarios judiciales, elabora un orden de mérito y los designa conforme las previsiones de esta

Constitución.

3. Somete el pliego del candidato seleccionado a la Legislatura a los efectos del acuerdo que

prevé el artículo 166.

4. Recibe denuncias sobre delitos, faltas en el ejercicio de sus funciones, incapacidad

sobreviniente o mal desempeño, formuladas contra magistrados y funcionarios judiciales

sometidos al Tribunal de Enjuiciamiento. Instruye el sumario correspondiente a través del

miembro que se sortee, con exclusión del consejero representante de los empleados judiciales

debiendo intervenir la Secretaría Permanente y con garantía del derecho de defensa, elevando las

conclusiones del sumario al Superior Tribunal de Justicia o al Tribunal de Enjuiciamiento según

corresponda.

5. Evalúa el desempeño y aptitudes personales de los magistrados y funcionarios ingresantes al

Poder Judicial al cabo de sus primeros tres años de función. en caso de resultar insatisfactorio

eleva sus conclusiones al Superior Tribunal de Justicia o al Tribunal de Enjuiciamiento a sus

efectos.

6. Designa los Jueces de Refuerzo y los Conjueces del Superior Tribunal de Justicia.

7. Dicta su propio reglamento de funcionamiento administrativo.

8. Las demás que le atribuya la ley.

en el presupuesto del Poder Judicial, pero sólo tiene dependencia del propio Consejo. Es la

encargada de recibir las inscripciones para los concursos de nombramientos de magistrados y

funcionarios judiciales, como así también las denuncias contra miembros del Poder Judicial

sometidos al Tribunal de Enjuiciamiento.

Para ser Secretario se requiere las mismas calidades que para ser juez letrado. Es nombrado y

removido por el Consejo de la Magistratura.

Está integrado por el Ministerio Fiscal y el Ministerio de Pobres, Ausentes, Menores e Incapaces.

Ejerce sus funciones con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación

y dependencia jerárquica en todo el territorio provincial.

fiscales y funcionarios que de él dependan de acuerdo con la ley. El Procurador General fija las

políticas de persecución penal y expide instrucciones generales, conforme al artículo anterior.

Tiene la superintendencia del Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal tiene las siguientes funciones:

1. Prepara y promueve la acción judicial en defensa del interés público y de los derechos de las

personas. A tales fines se entiende como interés público tanto el interés del Estado cuanto la

violación de los intereses individuales o colectivos.

2. Custodia la jurisdicción y competencia de los Tribunales provinciales, la eficiente prestación

del servicio de justicia y procura ante aquéllos la satisfacción del interés social.

3. Promueve y ejercita la acción penal pública ante los Tribunales competentes, sin perjuicio de

los derechos y acciones que las leyes acuerdan a otros funcionarios y a los particulares.

4. Dirige la policía judicial.

5. Las demás que las leyes le atribuyen.

Defensor General y por los defensores y demás funcionarios que de él dependen de acuerdo con

la ley.

El Defensor General fija las políticas tendientes a resguardar adecuadamente el debido proceso,

la defensa en juicio de las personas y de los derechos y tiene a su cargo la defensa de los intereses

de los pobres, ausentes, menores, demás incapaces y de los presos y condenados en los casos y

bajo los recaudos de las leyes y las otras funciones que éstas establecen. Tiene la

superintendencia.

competencias, pueden disponer conforme la reglamentación legal la actuación conjunta de

distintos fiscales y defensores, aun de diversas jerarquías y asientos, para la mejor y más eficaz

preparación de la acción penal pública o de su ejercicio y el mejor resguardo de los derechos y la

defensa de las personas.

la Legislatura por incapacidad sobreviniente, por delitos en el desempeño de sus funciones, por

falta de cumplimiento a los deberes de su cargo o por delitos comunes.

Los Ministros del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General y el Defensor General

están sujetos a juicio político por las causales del artículo 165.

civil puede denunciar ante la Legislatura el delito o falta a efectos de que se promueva la

acusación.

dos Salas cuyos miembros se eligen por sorteo , a los fines de la tramitación del juicio político.

La Sala primera tiene a su cargo la acusación y la segunda es la encargada de juzgar. La Sala

acusadora es presidida por un diputado elegido de su seno y la de juzgar por el Presidente del

Superior Tribunal de Justicia. Cuando el acusado sea este último preside la Sala el Presidente de

la Legislatura.

constituye, una comisión de cinco miembros que tiene por objeto investigar la verdad de los

hechos en que se funda la acusación, disponiendo a ese fin de las más amplias facultades.

diligencias en el término perentorio de cuarenta días y presenta dictamen a la Sala acusadora, la

que puede aceptarlo o rechazarlo, necesitándose dos tercios de votos del total de sus miembros

cuando el dictamen sea favorable a la acusación.

del acusado en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo, requiriéndose para ello el voto

de los dos tercios más uno del total de los miembros de la Sala.

sostengan ante la segunda Sala, que queda constituida en Tribunal de Sentencia previo juramento

que prestan ante el presidente.

defensa para pronunciarse en definitiva en el término de treinta días. Vencido este término sin

producirse fallo condenatorio, el acusado, en su caso, vuelve al ejercicio de sus funciones, sin

que el juicio pueda repetirse por los mismos hechos.

voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Sala de juzgar. La votación será

nominal, registrándose en el acta el voto de cada uno de los diputados sobre cada uno de los

cargos que contenga el acta de acusación.

para ejercer cargos públicos, quedando siempre sujeto a acusación, juicio y condena conforme a

las leyes comunes y ante los Tribunales ordinarios.

procedimiento de destitución regulado en este Capítulo, por las causales previstas en el artículo

165.

Los Fiscales, Defensores, Jueces de Paz, los miembros del Tribunal de Cuentas, el Fiscal de

Estado, el Contador General y los demás funcionarios que la ley determine, pueden ser acusados

ante el Tribunal de Enjuiciamiento por faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

removidos con causa por el Superior Tribunal de Justicia, en el modo y forma que la ley

determina.

Justicia, dos diputados y dos abogados de la matrícula que reúnan las condiciones para ser

miembros del Superior Tribunal de Justicia, elegidos por sorteo que realiza anualmente el mismo

Tribunal, en la forma que se determine.

el curso de la causa.

primer caso queda restablecido en la posesión de su cargo si hubiere sido suspendido y en el

segundo, separado y sujeto a la ley común.

del Tribunal de Enjuiciamiento y reglamenta el procedimiento que ante él debe observarse.

administrativos del Estado y la defensa de su patrimonio. Es parte necesaria y legítima en todo

proceso judicial en que se controvierten intereses de la Provincia.

Puede recurrir ante la jurisdicción que corresponda, de toda ley, decreto, contrato o resolución

contrarios a esta Constitución o que en cualquier forma contraríen intereses patrimoniales del

Estado.

Dictamina en forma previa a toda contratación de profesionales del derecho por parte del Estado

Provincial, incluyendo entidades descentralizadas o autárquicas y sociedades del Estado, fijando

en su caso los alcances del contrato.

La ley que determina los casos y las formas en que ha de ejercer sus funciones requiere para su

aprobación el voto de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura.

Legislatura y dura en sus funciones el tiempo del mandato del Gobernador que lo ha designado,

siendo inamovible durante ese período, excepto por las causales y los mecanismos previstos por

esta Constitución.

Para desempeñar el cargo se requiere ser ciudadano argentino, tener título de abogado, siete años

de ejercicio profesional y cinco de residencia inmediata en la Provincia.

hacienda pública. Autoriza los pagos con arreglo a la Ley de Presupuesto y leyes especiales,

pudiendo de legar esta atribución en los casos que establece la ley, la que requiere para su

aprobación el voto de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura.

tener título de contador público, siete años de ejercicio profesional y cinco años de residencia

inmediata en la Provincia.

Es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y dura en sus funciones el

tiempo del mandato del Gobernador que lo ha designado, siendo inamovible durante ese período,

excepto por las causales y los mecanismos previstos por esta Constitución.

1. Controlar la legitimidad de lo ingresado e invertido, en función del presupuesto, por la

administración centralizada y descentralizada, empresas del Estado, sociedades con participación

estatal, beneficiarios de aportes provinciales y municipales, a excepción de los municipios

incluidos en el artículo 226, que han constituido su propio organismo de contralor externo.

A tal efecto puede intervenir preventivamente, en forma excepcional, en los actos administrativos

que disponen gastos y en los casos expresamente autorizados, en la forma y alcances que la ley

determina, sin que ello implique sustituir los criterios de oportunidad o mérito que determinaron

el acto administrativo.

2. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos administrativos, tomar

las medidas necesarias para prevenir irregularidades, promover juicio de cuentas y juicio de

responsabilidad a funcionarios y empleados aun después de cesar en sus cargos y a todos sus

efectos, por extralimitación o cumplimiento irregular, en la forma que establece la ley. Las

acciones para la ejecución de las resoluciones del Tribunal corresponden al Fiscal de Estado.

3. Dictaminar sobre la cuenta de inversión del presupuesto que el Poder Ejecutivo presenta a la

Legislatura para su aprobación en el término de un año desde la presentación.

4. Informar anualmente a la Legislatura sobre los resultados del control que realice y emitir

opinión sobre los procedimientos administrativos en uso, sin perjuicio de los informes que puede

elevar en cualquier momento por grave incumplimiento o irregularidades.

deben ser contadores públicos y los restantes abogados, en todos los casos con siete años de

ejercicio en la profesión y cinco de residencia en la Provincia. Deben ser ciudadanos argentinos.

Dos miembros son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y son

inamovibles mientras dure su buena conducta.

Los restantes son designados por la Legislatura, uno a propuesta del bloque mayoritario y los

demás a propuesta de la primera y segunda minoría respectivamente. En caso de existir un solo

bloque minoritario éste designa dos miembros. Duran seis años en sus funciones, siendo

inamovibles durante ese período, excepto por las causales y los mecanismos previstos por esta

Constitución, pudiendo ser redesignados.

Ejercen la Presidencia del órgano anualmente, en forma rotativa

voto de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura, garantiza:

1. La intangibilidad del sueldo de sus miembros, el que no puede ser reducido durante el

desempeño de sus funciones por acto de autoridad, pero está sujeto a los aportes previsionales y

de la seguridad social, a los tributos en general y a las disminuciones que se dispongan por leyes

de carácter general y transitorio extensivas a todos los Poderes del Estado, en el marco del

ejercicio de poderes emergenciales.

2. La facultad de preparar su propio presupuesto y la de nombrar o remover su personal.

funcionarios judiciales y aquéllos empleados que manejan bienes del patrimonio público, prestan

ante el Tribunal de Cuentas manifestación jurada de los bienes que poseen ellos y sus familiares

hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, al comenzar a ejercer y al cesar en las

funciones.

ellos, debe, por lo menos semestralmente, prestar rendición de cuentas ante el Tribunal de

Cuentas.

sociopolítica fundada en relaciones estables de vecindad y como una entidad autónoma.

funciones y gozan de autonomía política, administrativa y financiera con arreglo a las

prescripciones de esta Constitución.

La categoría y delimitación territorial de los municipalidades comisiones de fomento y comunas

rurales son determinadas por ley, la que requiere para su aprobación el voto de los dos tercios del

total de los miembros de la Legislatura y tiene en cuenta especialmente la zona en que se presten

total o parcialmente los servicios municipales y el inmediato crecimiento poblacional.

padrón municipal de electores, puede dictar su propia carta orgánica para cuya redacción goza de

plena autonomía.

administración de los intereses y servicios locales están a cargo de municipalidades o comisiones

de fomento.

Tienen municipalidades las poblaciones en cuyo ejido urbano hay más de quinientos inscriptos

en el padrón municipal de electores.

Tienen comisiones de fomento las poblaciones en cuyo ejido hay más de doscientos inscriptos en

el mismo padrón.

gobierno de las comunas rurales, asegurando un sistema representativo con elección directa de

sus autoridades.

deben asegurar los principios del régimen democrático, representativo y republicano y establecer

el sistema electoral que ha de regir.

En toda municipalidad hay un cuerpo deliberativo y un departamento ejecutivo que se eligen por

voto directo del cuerpo electoral municipal y son renovables por períodos no superiores a cuatro

años, pudiendo sus miembros ser reelectos en los casos que se determine.

En los organismos colegiados los extranjeros no pueden exceder del tercio de la totalidad de sus

miembros.

por la autoridad ejecutiva en virtud de ordenanza sancionada al efecto.

Las convenciones están integradas por un número igual al de los miembros de su cuerpo

deliberativo elegido por voto directo y sistema de representación proporcional.

Para ser convencional se requieren las calidades exigidas en el segundo y tercer párrafo del

artículo 242.

A todos los efectos son de aplicación las normas pertinentes previstas para la reforma de la

Constitución Provincial.

aprueba o rechaza sin derecho a enmendarla. En la misma carta se establece el procedimiento

para las reformas ulteriores.

funcionamiento, los derechos y atribuciones de los municipios. Tanto en ella como en las cartas

orgánicas que se dicten, deben incluirse especialmente los siguientes derechos y atribuciones:

1. De iniciativa, para acordar a un número de electores cuyo porcentaje se fije, la facultad de

proponer ordenanzas sobre cualquier asunto de competencia municipal.

2. De referéndum, que se aplica para contraer empréstitos cuyos servicios sean superiores al

porcentaje que se establezca de los recursos ordinarios, afectables; para acordar concesiones de

servicios públicos por un plazo superior a diez años y para los demás casos que se determinen.

3. De revocatoria, para remover a los funcionarios, electivos de las municipalidades en los casos

y bajo las condiciones que se establecen.

1. Entender en todo lo relativo a edificación, tierras fiscales, abastecimiento, sanidad, asistencia

social, espectáculos públicos, servicios públicos urbanos, reglamentación y administración de las

vías públicas, paseos, cementerios y demás lugares de su dominio y juzgamiento de las

contravenciones a disposiciones municipales.

2. Sancionar, anualmente su presupuesto de gastos y cálculo de recursos.

3. Establecer impuestos, tasas, contribuciones y percibirlos.

4. Dar a publicidad por lo menos semestralmente el estado de sus ingresos y gastos, y anualmente

una memoria sobre la labor desarrollada.

5. Nombrar al personal de su dependencia y removerlo previo sumario.

6. Contraer empréstitos con objeto determinado con el voto de los dos tercios de los miembros en

ejercicio de su cuerpo deliberativo. En ningún caso el servicio de la totalidad de los empréstitos

puede ser superior a la cuarta parte de los recursos ordinarios afectables, ni el fondo amortizante,

aplicarse a otros objetos.

7. Convocar los comicios para la elección de autoridades municipales. La validez o nulidad de la

elección y la proclamación de los electos esta a cargo de tribunales electorales que reglamenta la

ley.

8. Promover y reconocer la participación orgánica y consultiva en forma transitoria o permanente

de la familia y asociaciones intermedias en el gobierno municipal.

9. Asegurar el expendio de los artículos alimenticios de primera necesidad en las mejores

condiciones de precios y calidad. Organizar, si fuere menester, la producción y venta de los

mismos.

10. Enajenar o gravar los bienes del dominio municipal. Tratándose de inmuebles se requieren

dos tercios de los votos del total de los miembros de su cuerpo deliberativo, debiendo las

enajenaciones realizarse en pública subasta o mediante ofrecimientos públicos. La ley orgánica

de municipalidades reglamenta las condiciones de adjudicación de las tierras fiscales.

11. Calificar los casos de expropiación por causa de utilidad pública, determinando los fondos

con que se hace efectiva la previa indemnización.

12. Contratar de acuerdo con la legislación vigente las obras que estime convenientes.

13. Fomentar la educación y la cultura, pudiendo crear instituciones ajustadas a los principios de

esta Constitución.

14. Reglamentar, en el marco de sus atribuciones, las cuestiones vinculadas con la protección del

medio ambiente y el patrimonio natural y cultural.

Los municipios tienen, además, todas las competencias, atribuciones y facultades que se derivan

de las arriba enunciadas o que sean indispensables para hacer efectivos sus fines.

públicos, garantizando los recursos necesarios a los fines de su prestación.

participación de los municipios en la elaboración de las políticas provinciales en materia de

ordenamiento territorial de los espacios interjurisdiccionales, cuando los ejidos municipales se

encuentren comprendidos o vinculados a planes y procesos de desarrollo económico social a

escala regional o subregional.

de la ley, previa conformidad prestada mediante ordenanza por los respectivos órganos

deliberativos y ratificada por referéndum obligatorio de las poblaciones interesadas.

establecer organismos con facultades para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, pueden

celebrar convenios intermunicipales para la prestación mancomunada de servicios, ejecución de

obras públicas, cooperación técnica y financiera y actividades de interés común de su

competencia.

Los municipios pueden firmar convenios con el Estado Provincial o Federal, para el ejercicio

coordinado de actividades concurrentes como así también con organismos nacionales o

internacionales y municipios de otras provincias.

poderes, tales como multas, demolición de construcciones, secuestro, destrucción y decomiso de

mercaderías. A tal efecto pueden requerir del juez competente las medidas correspondientes.

imposición respecto de las personas cosas o formas de actividad sujetas a jurisdicción municipal.

Disponen, además, de la coparticipación de los tributos, regalías y derechos que perciba la

Provincia de conformidad con un régimen que asegura la automaticidad de la percepción y

propenda a la homogénea calidad de los servicios y a la justicia interregional, establecido por una

ley especial sancionada con el voto de los dos tercios del total de miembros de la Legislatura.

de frutos del país, con excepción de los de seguridad, higiene u otros de carácter esencialmente

municipal y de las tasas por retribución de servicios.

respectivos límites, salvo las destinadas por la Provincia a un uso determinado y las que el

Estado Nacional o Provincial adquieran a título privado.

Sin perjuicio del dominio del Estado Federal y Provincial, los municipios retienen la jurisdicción

sobre lugares situados en sus ejidos en materia de interés local y conservan los poderes de poli

cía e imposición sobre o en los establecimientos de utilidad nacional o provincial en tanto no

interfieran sus fines específicos.

electoral y los extranjeros que lo están en el registro municipal. A estos últimos se les exige la

edad que determine la ley, que sepan leer y escribir en idioma nacional, ejerzan actividad lícita,

tengan tres años de residencia inmediata en el Municipio y acrediten, además, alguna de éstas

condiciones:

1. Ser contribuyente.

2. Tener cónyuge o hijos argentinos.

3. Ocupar cargo directivo en asociación reconocida.

Pueden ocupar cargos electivos los ciudadanos mayores de edad que sepan leer y escribir en

idioma nacional, sean vecinos del Municipio con dos años de residencia inmediata en él y

también paguen impuestos o ejerzan alguna actividad lícita.

Para las elecciones municipales se confecciona un padrón suplementario de extranjeros. Estos,

además, deben estar inscriptos en el Registro especial a que se refiere este artículo y tener por lo

menos, una residencia inmediata de cinco años.

aprobación el voto de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura, en los siguientes

supuestos:

1. En caso de acefalía.

2. Cuando expresamente lo prevea la ley orgánica o la carta orgánica municipal.

Promulgada la ley, el Poder Ejecutivo designa un interventor, quien convoca a elecciones para

completar el período interrumpido por la acefalía y sus facultades son exclusivamente

administrativas, para garantizar los servicios públicos y hacer cumplir las ordenanzas vigentes.

En ningún caso las intervenciones pueden durar más de seis meses.

con todo otro cargo público, excepción hecha de los docentes.

Puede ejercer oficio, profesión, comercio o industria siempre que en sus actividades no contrate

con el Municipio.

También es incompatible con el cargo de miembro electivo de los municipios:

1. Estar a sueldo o recibir retribución de empresas que contraten obras o suministros con los

municipios o con cualquier otro organismo público que tenga relación con ellos.

2. Ejercer otra función pública electiva, cualquiera sea su naturaleza.

3. Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante los municipios, en los que pudieren estar

comprendidos los intereses de estos últimos.

inmediata del cargo.

procede por las causas y los procedimientos establecidos en esta Constitución.

Son inamovibles:

1. El Gobernador y el Vicegobernador, los legisladores y los miembros electivos de los

municipios, durante el período para el cual son elegidos o nombrados.

2. Los funcionarios nombrados con acuerdo de la Legislatura, durante el término por el cual son

designados, si estuviera establecido.

3. Los demás que se indican en esta Constitución.

Constitución gozan de completa inmunidad en sus personas y sus domicilios desde el día de su

elección al de su cese.

Los miembros del Tribunal Electoral, incluso los municipales, gozan de la misma inmunidad

desde la convocatoria a elecciones hasta la terminación del acto eleccionario y proclamación de

los electos.

Defensor General, los fiscales y defensores, los ministros del Poder Ejecutivo, los miembros

electivos de los municipios, los dirigentes y representantes de sindicatos y organizaciones

gremiales legítimamente constituidos gozan de completa inmunidad en sus personas y en sus

domicilios desde el día su elección o nombramiento hasta el día de su cese y no pueden ser

detenidos por ninguna autoridad, salvo el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de

un delito con pena privativa de la libertad.

La detención se comunica con la información sumaria correspondiente dentro del término de dos

horas:

1. Tratándose de legislador o funcionario sometido a juicio político, a la Legislatura.

2. En los casos de jueces y otros magistrados, al Tribunal de Enjuiciamiento.

3. Si se trata de miembros electivos de municipios, al cuerpo deliberativo respectivo.

4. Si son dirigentes o representantes gremiales, a la entidad de su representación.

En los casos de los incisos 1 y 2 el cuerpo dispone la libertad y allana los fueros del detenido.

En los casos de los incisos 3 y 4 el cuerpo o la entidad correspondiente, aconsejan la libertad o

disponen su desafuero.

En todos estos supuestos se consideran los antecedentes de cada uno sin perjuicio del

funcionamiento del habeas corpus.

los miembros electivos de los municipios y los representantes o dirigentes gremiales son

inviolables por las opiniones que manifiestan o por los votos que emiten en el desempeño de sus

cargos.

No pueden ser interrogados, reconvenidos o procesados en ningún tiempo por tales causas. gozan

de iguales inmunidades los letrados o integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento mientras

ejercen sus funciones, por las opiniones vertidas en el desempeño de las mismas.

Quienes ocupan cargos directivos o representativos en los sindicatos y organizaciones gremiales

constituidos de acuerdo con la ley, no pueden ser desplazados, trasladados, suspendidos o

despedidos de sus empleos sin justa causa legalmente conocida.

suspendidos o limitados por la existencia de estado de sitio o de otras medidas análogas.

Diputado, Ministro del Poder Ejecutivo, miembros del Superior Tribunal de Justicia u otro

magistrado judicial o miembros electivos y secretarios de los municipios y existiendo mérito

bastante en el proceso para decretar la prisión preventiva, se pasan los antecedentes a la

Legislatura en los tres primeros casos, al Tribunal de Enjuiciamiento o al Cuerpo Deliberativo

municipal según corresponda, a fin de que se resuelva si procede el desafuero o suspensión del

acusado a los efectos de la sustanciación de la causa.

No puede allanarse la inmunidad ni resolverse el desafuero sino con el voto de los dos tercios de

los miembros de la Legislatura, del Tribunal de Enjuiciamiento o del Cuerpo Deliberativo

municipal, respectivamente.

Juez debe dirigirse a la Legislatura para que inicie el procedimiento del juicio político.

El proceso penal se paraliza temporariamente hasta tanto la Legislatura se pronuncie disponiendo

la suspensión o cese del sumariado.

que corra el término de prescripción debiendo continuarse el juicio una vez terminado el mandato

del funcionario.

ochenta días contados desde el desafuero, el procesado recobra sus inmunidades y vuelve al

ejercicio de sus funciones.

Declarado absuelto el acusado queda de inmediato reintegrado a sus funciones, en su caso, con

todos su derechos y con efecto al día en que fue suspendido o privado de inmunidad.

que por delitos puedan promover terceros ante los tribunales ni es requisito previo para

ejercitarlas el cese de las funciones.

siguientes bases:

1. El sufragio es universal, igual, personal, secreto y obligatorio.

2. Todo proceso electoral puede ser fiscalizado por los partidos políticos reconocidos.

3. Las elecciones se realizan con el padrón electoral de la Nación, vigente al tiempo en que se

efectúan. Cuando el padrón nacional no se ajuste a los principios fundamentales de esta

Constitución la Legislatura manda confeccionar el Registro Cívico de la Provincia, con

intervención de los partidos políticos reconocidos.

4. Las elecciones pueden ser simultáneas con las nacionales y bajo las mismas autoridades.

Duran ocho horas como mínimo, terminan en el día y no pueden ser suspendidas.

5. Ningún elector puede inscribirse fuera del circuito de su residencia ni votar fuera del mismo,

salvo los casos previstos en la ley.

6. El escrutinio es público, debiendo efectuarse el de carácter provisorio en el mismo lugar del

comicio, inmediatamente de clausurado.

7. Inclusión de un régimen de suplencias.

La sanción y modificación de leyes de naturaleza electoral re quieren del voto de las tres cuartas

partes del total de los miembros de la Legislatura.

el proceso electoral y reprime los delitos y faltas que en tal sentido se cometen. Los electores no

pueden ser arrestados durante las horas de elección, excepto en caso de flagrante delito.

contra los electores antes o durante el acto eleccionario, son considerados como un atentado a la

libertad electoral y penados con prisión o arresto inconmutable.

Justicia, el Procurador General de la Provincia, el Juez de Primera Instancia de Rawson, en turno,

con competencia en lo civil y los Vicepresidentes Primero y Segundo de la Legislatura o sus

reemplazantes legales.

Presidente del Superior Tribunal de Justicia y tiene por funciones:

1. Disponer las medidas necesarias para la organización y funcionamiento de los comicios,

designando sus autoridades.

2. Oficializar las listas de candidatos y aprobar las boletas que se utilicen en los comicios.

3. Practicar los escrutinios definitivos y proclamar los electos como titulares o suplentes,

otorgándoles los respectivos diplomas.

4. Calificar las elecciones de autoridades provinciales, juzgan do en definitiva sobre su validez.

5. Confeccionar el padrón electoral en los casos del artículo 256 inciso 3.

6. Reconocer a los partidos políticos provinciales y municipales y registrar a los nacionales que

participan en las elecciones locales. Controlar que todos cumplan las prescripciones de esta

Constitución y las leyes.

garantizando su libre creación y su integridad de vida democrática sobre las siguientes bases:

1. Sanción de una carta orgánica y plataforma electoral.

2. Un mínimo de afiliados en relación con el padrón electoral.

3. Elección de sus autoridades por un sistema que permita la fiel expresión de la voluntad del

afiliado.

4. Elección de candidatos por procedimientos democráticos directos.

5. Publicidad del origen y destino de los fondos.

6. Organización interna que garantice la representación de las minorías.

7. Distribución de cargos partidarios que respete el principio de igualdad entre sexos.

convocatoria no puede ser vetada.

El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Provincia lo convierte en ley y su

promulgación es automática.

El Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, dentro de sus respectivas competencias, pueden

convocar a consulta popular no vinculante en cuyo caso el voto no es obligatorio.

La Legislatura con el voto de los dos tercios del total de sus miembros reglamenta las materias,

procedimientos y oportunidad de la consulta popular.

porcentaje no inferior al tres por ciento del padrón electoral, puede presentar proyectos de ley

para el tratamiento en la Legislatura. Esta debe considerarlo en el término de seis meses contados

a partir de su presentación.

solicitarse la remoción de los funcionarios electivos de la Provincia.

La ley establece los casos y las condiciones requeridas para tal solicitud, debiendo contar para su

aprobación con el voto de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura.

Corresponde la revocatoria cuando la mayoría de los votos válidos emitidos así lo determine.

en el presente Título.

voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Legislatura, determinando si la

misma es total o parcial y en este caso, los artículos o materias que serán reformados. La ley que

declare la necesidad de la reforma no puede ser vetada.

Constituyente integrada por igual número de miembros que la Legislatura. Los Convencionales

son elegidos por el pueblo de la Provincia, considerada como distrito único, distribuyéndose las

bancas entre los distintos partidos políticos intervinientes en forma proporcional a los votos

obtenidos.

El cargo de convencional es incompatible con los cargos de Gobernador , Vicegobernador,

ministros, secretarios y subsecretarios, titulares de entes autárquicos y sociedades o empresas del

Estado, personal jerárquico en actividad de la Policía Provincial, Fiscal de Estado, Contador

General de la Provincia, integrantes de los tribunales de cuentas, magistrados y funcionarios del

Poder Judicial, diputados y con cualquier otro cargo electivo nacional, provincial y municipal.

Los convencionales gozan de las mismas inmunidades y privilegios que los diputados, desde la

fecha de su proclamación hasta su cese.

Electoral ha proclamado a los electos y se expide dentro de los ciento veinte días de su

instalación, pudiendo prorrogar sus sesiones otros ciento veinte días como máximo.

su propio reglamento, nombrar su personal y confeccionar su presupuesto.

La Legislatura afecta la totalidad de sus bienes y personal a las tareas de la Convención

Constituyente, a la que ajusta su actividad en forma subsidiaria, sin entorpecer de manera alguna

su funcionamiento.

Al solo efecto de compeler a los convencionales inasistentes, puede sesionar o constituirse con

un tercio del total de sus miembros.

Legislatura con el voto de los dos tercios del total de sus miembros.

Dictada la ley de reforma, se somete en la primera elección siguiente a referéndum popular para

su aprobación o desaprobación.

Si la mayoría vota a favor de la reforma, la enmienda queda aprobada y el Poder Ejecutivo debe

promulgarla quedando incorporada al texto de la Constitución.

Estas enmiendas no pueden votarse por la Legislatura sino con un intervalo de dos años por lo

menos.

espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante de la Nación Argentina,

constituye para la Provincia del Chubut un objetivo nacional, permanente e irrenunciable.

ocupación territorial y no consiente pretensión alguna que afecte su integridad.

Reivindica también sus derechos sobre el mar así como su dominio y su jurisdicción sobre los

correspondientes recursos naturales renovables o no, y consiguiente aprovechamiento

económico.

Las autoridades de los tres Poderes adoptarán, en su momento, las medidas que sean necesarias

para la efectiva vigencia de éstas declaraciones.

tomar las previsiones necesarias para la instrumentación de técnicas adecuadas para la

elaboración y control presupuestario correspondientes.

ministerios, el que debe prever la creación del Ministerio de Cultura y Educación. La Legislatura

lo trata dentro de los noventa días contados desde su remisión. Hasta la aprobación de la ley, el

gobierno de la educación est a cargo de un interventor en el Consejo Provincial de Educación.

ejercida por las actuales autoridades.

Vicegobernador actualmente en ejercicio.

implica la automática creación de órganos jurisdiccionales, los que deberán ser justificados por

razones objetivas. Mientras tanto los existentes actuarán tal como lo hacían con las anteriores

Circunscripciones Judiciales, pudiendo observarse lo dispuesto en el último párrafo del artículo

167 de esta Constitución.

establecidos en el artículo 171 en el término de veinticuatro meses de sancionada la presente

Constitución.

las mismas, a partir de la entrada en vigencia de la presente Constitución, a fin de posibilitar la

nueva forma de designación que se provea.

miembros que deban salir al concluir el primer bienio.

presidir el Presidente del Superior Tribunal de Justicia con doble voto en caso de empate.

Generales de 1995. El Superior Tribunal de Justicia proveer lo conducente a la realización de las

elecciones de los representantes de los magistrados, abogados y empleados judiciales.

Hasta tanto se constituya el Consejo de la Magistratura, todas las designaciones se harán en

comisión y ad-referendum de la que dispongan en definitiva éste y la Legislatura, mediante los

procedimientos establecidos en esta Constitución. Las designaciones en comisión que debieran

hacerse, las hará el Superior Tribunal de Justicia, según requerimientos impostergables del

servicio de justicia.

1995/1999. Hasta tanto, es de aplicación el régimen establecido por la normativa vigente.

titulares de la Fiscalía de Estado y Contaduría General, respectivamente. El actual titular de la

Tesorería General continúa su mandato hasta el cumplimiento del término por el cual ha sido

designado.

integrantes del Tribunal de Cuentas. Sus titulares permanecen en sus cargos mientras dure su

buena conducta y únicamente son removidos por el procedimiento previsto en el artículo 209. El

orden de la Presidencia se establece por sorteo. La primera renovación se efectiviza el 1ro. de

enero de 1995.

En el término de sesenta días, las minorías de la Legislatura designan, a razón de uno cada

Bloque, a dos de los tres vocales sin inamovilidad vitalicia. El restante lo designa el Bloque de la

mayo ría cuando se produzca una vacante entre los vocales con inamovilidad vitalicia y

permanece en su cargo hasta la finalización del mandato de los otros dos vocales elegidos por los

Bloques Legislativos, conservando la distribución prevista en el texto constitucional.

En lo sucesivo las vacantes que se produzcan son cubiertas por el procedimiento previsto por esta

Constitución, teniendo en cuenta la naturaleza de la vocalía a designar.

las sucesivas ediciones de la misma, a medida que se dé cumplimiento a ellas y pierdan su

vigencia. Ello ser decidido por la Legislatura.

hasta ahora vigente. Esta Constitución rige a partir del día 15 de octubre de 1994. Quedan

derogadas las prescripciones normativas opuestas a esta Constitución.

necesarias, subsisten los actuales regímenes legales, en tanto no contraríen lo dispuesto en la

cláusula anterior.

administrativos que reconozcan como origen el funcionamiento y disolución de esta Convención.

Asimismo, tiene a su cargo el cuidado de la publicación de esta Constitución en el Boletín

Oficial, y en su caso, la fe de erratas que pueda corresponder.

Los Convencionales juran el cumplimiento de esta Constitución antes de disolver el Cuerpo.

Los Poderes del Estado adoptan las medidas conducentes para la jura de esta Constitución por

sus integrantes y por el pueblo de la Provincia.

Provincia. Regístrese, publíquese y comuníquese a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,

a los fines de su cumplimiento. Cumplido, Archívese Junto Con Todos Sus Antecedentes En La

Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut.

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Convención Constituyente, en la ciudad de Rawson,

capital de la Provincia del Chubut, a los once días del mes de octubre de mil novecientos noventa

y cuatro; previa íntegra lectura del texto constitucional, ratificado y declarado auténtico en sesión

pública de la fecha.